La Paz. La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) que obligó a postergar el día de las elecciones, sumado al suspenso de la realización de los comicios debido a la impugnación de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han profundizado la crisis política que vive Bolivia desde octubre del año pasado y se prevé un panorama de inestabilidad, según expertos.

El politólogo y docente de la Universidad Católica de La Paz, Marcelo Arequipa, considera que Bolivia vive un momento "muy difícil" con características de crisis generalizada en lo político, económico y social, tras el fracaso de las elecciones en 2019 y la incertidumbre que se prolonga por la falta de definición sobre el día de la votación.

"Bolivia va por un tercer intento para elegir mandatarios. La pandemia del coronavirus frenó los comicios presidenciales que debían desarrollarse el 3 de mayo. Los candidatos reconocen que la crisis política sigue y mientras la pandemia continúe la incertidumbre puede ser peligrosa", aseveró a un medio local.

En este panorama político, los analistas y políticos apuntan a la legitimidad como el gran problema de Jenine Áñez, líder del gobierno interino de Bolivia, y cada día que pasa crecen las movilizaciones, pese a la cuarentena.

Para el politólogo Arequipa, los últimos acontecimientos de denuncias de corrupción y la seguidilla de renuncias de autoridades ha sido un golpe duro para Áñez que ve malograda su imagen y una legitimidad muy diezmada.

Para el politólogo Arequipa, los últimos acontecimientos de denuncias de corrupción y la seguidilla de renuncias de autoridades ha sido un golpe duro para Áñez que ve malograda su imagen y una legitimidad muy diezmada.

Esto sumado a que la estrategia concreta de cara a la crisis sanitaria "ha fracasado", indicó.

El experto precisó que hay un nuevo intento por llevar las elecciones hasta el 2 de agosto próximo, pero con la resistencia del gobierno que cuestiona la realización de la votación en medio del COVID-19, lo que inquieta a los candidatos.

El analista consideró que sumadas a una crisis política y social, el aprieto económico del coronavirus puede ser devastador para una Bolivia inestable.

"Estamos ingresando a una peligrosa espiral de crisis generalizada que puede ser muy difícil de soportar, de administrar y de manejar. Un pacto político de gran escala puede ser una alternativa para no hundir a Bolivia en la inestabilidad", aseveró.

Este argumento lo esboza apegado a los datos de la reciente encuesta de Captura Consulting que establece que el 75% teme un impacto fuerte en su economía de hogar y la consultora Ciesmori atesta que la crisis se ha cobrado ya los ingresos del 38% de los bolivianos.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este martes una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que fija las elecciones para un máximo de 90 días a partir del 3 de mayo hasta el 2 de agosto y notificó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, para que responda a los argumentos de los accionantes.

La determinación adoptada por el TCP complica el panorama electoral, en tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no reanudó el calendario electoral, pese a que su presidente Salvador Romero anunciara el cumplimiento de la ley.

El politólogo y comunicador con especialidad en Comunicación Política, Economía y Análisis de Escenarios Jorge Richter dijo a Xinhua que, en medio de un desalentador contexto sanitario, con la atención distraída y atemorizados por el COVID-19, el gobierno no contiene sus ansias de arrancar una segunda prórroga de mandato sin fecha definida.

"Vacíos de liderazgo y de legitimidad en apoyos sociales van arrastrando una legalidad cuestionada, se notan inmovilizados para modular un gobierno de unidad por consensos inclusivos y extendidos a los diversos actores sociales, políticos e institucionales", agregó.

A decir del experto, el escaso compromiso ante el proceso electoral reinstala con fuerza creciente en diversos sectores de la sociedad la exigencia de formalizar un Poder Ejecutivo constitucional, derivado y a conformidad del votante y, especialmente, con capacidades tangibles de gestión gubernamental.

Resumió que la política y economía se suman a la crisis sanitaria dando el rostro de una conmovedora realidad que pone en evidencia al "gobierno de la agonía".