Hace poco más de cinco años Monterrey era una ciudad envidiable. Emprendedora y rica -contaba con un PBI per cápita superior a los US$16,000, 30% por encima de Buenos Aires o Santiago-, se había consolidado como uno de los principales centros manufactureros de la región. A esto se le suma una clase empresarial -encabezada por el Grupo de los 10- y centros de enseñanza -como el Tecnológico de Monterrey- reconocidos mundialmente. Hoy ya no está en las noticias por todo ello, sino por haberse convertido en el nuevo campo de batalla de los carteles de la droga mexicanos. Asesinatos y secuestros marcan la dinámica de la ciudad. La inversión se ha reducido y el atractivo de la misma como polo de desarrollo palidecido.
El futuro de Lima no tendría por qué ser distinto si no se toman medidas efectivas y contundentes al respecto. La ciudadanía ya lo siente. Hoy la violencia y la falta de seguridad son percibidas por la mayoría de la población como uno de los tres principales problemas del país.
Es relativamente fácil probar por qué deberíamos preocuparnos. Y preocuparnos mucho. Si a uno le encargaran un estudio de mercado sobre dónde sería recomendable poner una operación ilegal de drogas, el Perú aparecería sin ninguna duda. En términos puramente del negocio destaca, en primer lugar, la cercanía a la fuente de materia prima (somos, de acuerdo al último reporte de la Unodc, el segundo mayor productor de hoja de coca en el mundo). A ello se suma la baja presencia del Estado en las zonas de producción y la escasa competencia con otras actividades productivas; mano de obra disponible a un precio razonable y con un bajo costo de oportunidad; múltiples vías de comunicación locales, y la clara decisión del país de integrarse al mundo, lo que ha generado una saludable competencia a nivel de operadores portuarios que garantiza múltiples vías de salida con cada vez mayor número de frecuencias. Lo anterior se redondea por la fuerte presión bajo la que se encuentra el líder en este negocio en la región. Durante la última década, la producción de hoja de coca y cocaína en Colombia se ha reducido significativamente.
Como lo podemos observar hoy también en Rio de Janeiro (otra ciudad envidiable), el narcotráfico trae una serie de externalidades negativas para la sociedad. Por años su impacto en el tipo de cambio y el flujo de divisas fue especialmente mencionado. Pero existe una mucho más grave: la violencia asociada al negocio. La ilegalidad de la actividad requiere de una seguridad propia que sólo puede ser provista por sicarios y el crecimiento inorgánico no pasa por un proceso de fusiones o adquisiciones, sino por la eliminación literal del rival. Volviendo al ejemplo de México, sólo en 2009 la llamada “guerra de la droga” registró, entre sus estadísticas, la muerte de alrededor de 18 personas cada día.
El negocio del narcotráfico, para que florezca, necesita además corromper distintos estamentos públicos. La fragilidad institucional del Congreso, poder Judicial y fuerzas policiales los vuelven objetivos razonables. El primer blanco del narcotráfico en Monterrey fue la policía, tan es así que el último secuestro y asesinato de un alcalde estuvo liderado por su guardia personal y al menos otros diez policías de la Secretaria de Seguridad Pública del propio municipio. Como referencia, en el último ránking del World Economic Forum ocupamos la posición 118, entre 139 países evaluados, en el concepto de credibilidad policial.
En el Perú ya tenemos el problema. El pasado 26 de noviembre la policía -como parte de la operación Eclipse- arresto a 42 personas en la zona del Alto Huallaga, ligadas a narcotráfico y terrorismo. La lista incluía un alcalde electo, dirigentes cocaleros, ex postulantes a distintos cargos públicos, entre otros. Lo cierto es que una vez que la violencia se inserta en la sociedad es difícil erradicarla. Trujillo es una señal de alerta para todos.
En este gobierno el tema de la seguridad no ha sido una prioridad (como sí lo fue la economía, educación y la integración comercial). Ejemplo de ello es el elevado número de ministros de Interior que hemos tenido. Para el próximo gobierno la mayor amenaza para el desarrollo de los negocios no será la inestabilidad económica o política, sino la violencia organizada. Monterrey es un claro ejemplo que sólo se necesitan cinco años para perderlo todo.
