De vuelta a la arena legislativa y sin la presión del 21 de mayo (cuando se realiza la cuenta anual del gobierno de turno en Chile, en el salón principal del Congreso Nacional), el Ejecutivo quitó la urgencia al proyecto de ley que extiende el post natal a seis meses y recurrió al Tribunal Constitucional con el objetivo de reponer el tope de 30 Unidades de Fomento (US$1.404) unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación, usada en Chile), fijado para los tres meses adicionales que amplían el actual permiso maternal.

En paralelo a la presentación del requerimiento de inconstitucionalidad, fundado en la necesidad de “resguardar las instituciones que aseguran la responsabilidad fiscal”, los ministros y parlamentarios oficialistas llaman a la Concertación (la coalición mayoritaria de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera) a negociar “manteniendo las reglas del juego”, aunque algunos están dispuestos a elevar el monto en disputa para acercarlo a la cifra que la legislación asigna actualmente al subsidio por maternidad (66UF, es decir, US$3.088).

El ruido generado en torno a las atribuciones del Congreso y las recriminaciones por las conductas fiscales irresponsables y/o populistas de uno y otro bando se han impuesto a la discusión política de fondo, desperdiciando la oportunidad de abrir el debate sobre lo que el gobierno entiende por discriminación de género y el tipo de política pública asociada.

Durante 2009, la administración de Michelle Bachelet y la entonces oposición consensuaron enfrentar la discriminación de género en el mercado laboral con la ley de igualdad salarial. A pesar de sus limitaciones, esta legislación ha sido un importante incentivo para avanzar hacia la igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor, en todos los niveles de ingreso.

Si bien esta meta es aún distante, creíamos que era compartida. Pero el gobierno quiere hoy castigar los ingresos de las mujeres de clases medias con la extensión del post natal, al modificar a la baja el tope de 66 UF, común a todos los subsidios por incapacidad laboral que han sido concebidos justamente como sustitutos esenciales del salario. Esto significa, que toda mujer profesional que gane entre CH$650 mil (US$1.391) y CH$1.450.000 (US$3.104) verá reducido su subsidio en hasta 50% a partir del cuarto mes, justamente cuando el costo de vida familiar aumentó ostensiblemente.

Pretender un tope inferior a otros subsidios laborales no sólo discrimina por ingresos a las mujeres con mayor nivel educacional, sino que también transforma esta prestación en una excepción a las garantías resguardadas por los principios de uniformidad e integridad esenciales a la seguridad social.

Peor aún, entrega una mala señal sobre la valoración social del trabajo doméstico y reproductivo que acompaña la primera etapa de la crianza que recae principalmente en la madre, asumiendo de paso su condición de trabajadora secundaria, como se presume tácitamente al estimar que su ingreso es un “aporte” susceptible de ser reducido a voluntad. De no ser el caso, en forma “generosa” se le da la opción de “renunciar voluntariamente” a la extensión del postnatal. La puerta abierta a la renuncia significa terminar de golpe con la universalidad de un derecho adquirido.

El costo del proyecto presentado por el Ejecutivo aumenta el gasto del actual subsidio en US$335 millones. Según la economista Claudia Sanhueza, mantener el tope de 66 UF por los seis meses propuestos lo aumenta a US$352 millones, con lo cual la diferencia presupuestaria entre ambas propuestas sería equivalente al 0,01 del PIB. A esto debemos descontar el ahorro que implicará para el Estado no tener que cubrir los costos de las licencias -fraudulentas o no- por enfermedad grave del hijo hasta los seis meses, estimado en un monto cercano a los US$100 millones anuales. Aunque no se han cuantificado, debemos además suponer beneficios económicos derivados de una mejor salud física y emocional del niño, atribuidos a la lactancia y el apego por seis meses.

Chile tiene ahorros por sobre US$20.000 millones y una economía dinámica que crece y se proyecta al alza, por lo que la responsabilidad fiscal no debe ser un argumento para permitir el retroceso en materia de no discriminación y en los derechos laborales de las mujeres, introduciendo criterios de focalización propios de las políticas sociales para la superación de la pobreza. Éstas deben ser materia de otro debate.