Caracas. El máximo tribunal de Venezuela aprobó este viernes que se solicite a Italia la extradición del expresidente de la estatal petrolera PDVSA y exministro Rafael Ramírez, quien alguna vez fue uno de los hombres más poderosos del gobierno venezolano.

La Fiscalía General venezolana anunció hace unos dos años que solicitaría a Interpol una orden de captura con alerta roja contra el exfuncionario, en medio de una investigación por corrupción en PDVSA que llevó a prisión a unos 60 funcionarios de la compañía.

"La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano Rafael Darío Ramírez Carreño a la República Italiana, para ser sometido a un proceso penal en Venezuela", dijo el TSJ en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Ramírez no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Anteriormente negó las acusaciones de corrupción, afirmando que el gobierno estaba tratando de silenciar una voz crítica.

La empresa denunció que Venezuela no permitió que vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que la llevó a perder US$472 millones y acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de US$10 millones para aprobar la transacción.

La máxima corte señaló en el comunicado que Ramírez es investigado por presuntos delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación, estipulados en la ley Contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Ramírez fue nombrado ministro de Petróleo por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y estuvo en ese puesto hasta 2014. Luego fue embajador del país ante Naciones Unidas, pero dejó el cargo tras ser acusado de corrupción por funcionarios en medio de una purga de ejecutivos de PDVSA. Se desconoce el paradero exacto de Ramírez.

El expresidente de la petrolera venezolana también enfrenta una demanda de Harvest Natural Resources en Estados Unidos.

La empresa denunció que Venezuela no permitió que vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que la llevó a perder US$472 millones y acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de US$10 millones para aprobar la transacción.

Un juez federal en Texas desestimó un fallo que le ordenó a Ramírez pagar US$1.400 millones, tras argumentar que no le notificaron correctamente la demanda, pero permitió que el caso continpue. El abogado de Ramírez dijo que el caso de Harvest contiene errores legales y de hecho.