Naciones Unidas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido este jueves a retomar el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Daniel Ortega para, entre otras cosas, garantizar que las elecciones presidenciales de 2021 sean "creíbles" y superar con ellas "un contexto político y social extremadamente complejo" marcado por las violaciones de los Derechos Humanos.

La crisis en Nicaragua estalló en abril de 2018 con unas protestas que comenzaron por una polémica reforma de la seguridad social y que crecieron hasta reclamar la "democratización" del país. Más de 300 personas murieron y decenas fueron detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó procesar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.

"Desde la presentación de mi último informe, en septiembre de 2019, las violaciones de Derechos Humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo", ha resumido Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 43º periodo de sesiones. Desde el 1 de agosto, la Oficina Regional en Panamá ha podido entrevistar a 221 hombres y 174 mujeres, "víctimas y testigos de violaciones de los Derechos Humanos", ha precisado.

Bachelet ha afirmado que "defensores de los Derechos Humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas por la Ley de Amnistía, familiares de personas todavía detenidas en relación con las protestas y de víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos sufren repetidos actos de intimidación y acoso por parte de policías o elementos pro gubernamentales, incluso discursos estigmatizantes de autoridades del Gobierno".

En concreto, ha indicado que "el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado". Así, ha explicado que "los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse" y, cuando se manifiestan, aunque sea durante celebraciones religiosas, "la Policía los dispersa abruptamente o elementos pro gubernamentales los atacan violentamente".

También ha llamado la atención sobre las "detenciones arbitrarias". Desde el 1 de agosto, el equipo de Bachelet ha documentado al menos 108 "detenciones arbitrarias de hasta 48 horas". Los arrestados fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

Bachelet ha reiterado su llamamiento a "reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes".

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha valorado las 91 personas que fueron excarceladas el pasado 30 de diciembre "con medidas alternativas a la prisión", si bien ha subrayado que entre ellas había 16 personas que habían sido detenidas por "entregar agua a familiares de detenidos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya", algunas de las cuales habían proporcionado información a la oficina de Bachelet, "por lo que su detención podría considerarse como una represalia por haber cooperado".

Ha recordado igualmente que, de acuerdo con la "sociedad civil", 61 personas seguían detenidas "por motivos relacionados con las protestas de 2018" hasta el pasado 13 de febrero. Bachelet ha detallado que 40 de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor la Ley de Amnistía acusadas de delitos comunes, como narcotráfico y tenencia de armas. "Insto al Gobierno a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas", ha pedido.

Asimismo, ha lamentado que "el derecho a la libertad de opinión y expresión de quienes comparten noticias u opiniones contrarias al Gobierno continúa siendo vulnerado". Así, "muchos periodistas se han visto forzados a autocensurarse por amenazas y el temor a perder pautas publicitarias estatales o su trabajo".

La ONU ha documentado "amenazas y agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación y casos de robo o daños a instalaciones de medios de comunicación".

A este respecto, ha recordado que "las instalaciones de 'Esta Semana', 'Confidencial', y 100% Noticias continúan confiscadas", aunque ha valorado "la entrega de los insumos al diario 'La Prensa', después de haber sido retenidos en aduanas por 75 semanas".

Bachelet ha reclamado igualmente a las autoridades nicaragüenses que "garanticen a las personas defensoras de los Derechos Humanos condiciones seguras y adecuadas para realizar libremente su labor", criticando en este punto "la decisión de cancelar la personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil en noviembre y diciembre de 2018", que "lamentablemente sigue vigente".

Sin retorno seguro. En esta coyuntura, "hasta el 31 de diciembre de 2019 más de 98.000 nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro". "Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso", ha contado.

No obstante, ha apuntado que "en 2019 la economía se contrajo en un 5,7% y la inflación y el desempleo formal aumentaron", al tiempo que ha resaltado que "el Gobierno mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para el combate de la pobreza".

Por otro lado, ha expresado la preocupación de la ONU por los homicidios de campesinos --al menos 14 en 2019, todos ellos en el norte de Nicaragua-- y por la situación de los pueblos indígenas, como los miskitu y los mayangna, que "han denunciado la presencia de colonos en sus tierras, amenazando sus territorios y recursos".

Elecciones "creíbles". Con todo ello, ha reiterado su llamamiento a "reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes".

Tras las protestas de abril de 2018, Ortega ofreció un diálogo nacional a la oposición que permitió liberar a algunos presos políticos pero que se suspendió porque las partes se acusaron mutuamente de incumplir los primeros acuerdos.

Bachelet ha querido realizar un llamamiento específico al Gobierno de Ortega para "implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por su oficina y otros mecanismos internacionales y regionales". "En particular, reitero la recomendación de que permita el acceso de mi oficina al país", ha solicitado.