La significativa victoria de Ollanta Humala y el segundo cupo para la segunda vuelta alcanzado por Keiko Fujimori, en reñida disputa con Pedro Pablo Kuczynski, tienen explicaciones que rebasan lo político.

La arrogancia y el exultante optimismo presidencial de Alan García han sido severamente cuestionados. Basado en que la economía peruana ha crecido en la última década más que el promedio latinoamericano, el mandatario García refiriéndose a la intención de voto de Humala señaló que solo un votante de cada cuatro está descontento con el modelo económico. Si tuviera razón, dos de cada tres aprobarían su gestión, y el debate entre los principales cinco  candidatos no habría girado sobre la urgencia de una mejor educación y salud para las clases populares, más y mejores programas sociales, pensión de jubilación para la mayoría que no la posee, etc.; todo ello demandaba un mayor gasto público con aumentos de la recaudación tributaria y mayores impuestos a empresas como las mineras. Eso fue lo que prometió García para ganar las elecciones en 2006, y que no tuvo el coraje de concretar: redistribuir.

Los resultados electorales contrastan con los evidentes logros económicos del Perú: en diez años se recibió más de US$200 mil millones en inversiones; el producto creció más del 50% entre 2002 y 2009; sólo en 2010 la agroexportación superó los US$3.000 millones; súmese a ello la suscripción de tratados de libre comercio que están posibilitando una mayor integración comercial con las principales economías del planeta. 

A pesar de estas evidencias, la publicidad electoral de los principales candidatos se dirigió a la masa de votantes con una idea central similar: la necesidad de un crecimiento económico más inclusivo y justo. Se reconocía implícitamente que sucesivos gobiernos no fueron capaces de atender las demandas y necesidades de los más desprotegidos. Mas, fueron cuatro de los principales candidatos -Toledo, Kuczynski, Fujimori, Castañeda- los que proponían continuar y acrecentar el modelo económico, y Humala, al proponer cambiarlo, tuvo la estrategia más efectiva y  radical para captar el voto de los descontentos: esa fue la clave de su crecimiento.

Siendo el sentido común percibir un avance en el país en los últimos diez años, visto desde la derecha imperante el voto por Humala es incomprensible y censurado por una supuesta “ingratitud”. Sin embargo, los principales beneficiarios del boom económico en los hechos se han negado a reconocer algo inocultable: la existencia de millones de peruanos que viven en condiciones inhumanas y carentes de oportunidades para competir en igualdad de condiciones. A la extrema desigualdad social se suman la dificultad de la movilidad social y la impermeabilidad del sistema político a las demandas de la gente. Pareciera que cada cinco años la democracia, vía procesos electorales, iguala a los desiguales.

Un problema no resuelto en el caso peruano es que no son los partidos sino los caudillos los que definen la política peruana. Otro problema es el clientelismo impuesto por Alberto Fujimori en su década de gobierno mal utilizando el dinero de las privatizaciones; en 1999 había nueve millones y medio de peruanos que dependían de la ayuda alimentaria del Estado; ello explica el voto duro que mantiene Keiko, su sucesora. El gobierno de García y su política no inclusiva, su entendimientos con el fujimorismo, dentro y fuera del Congreso, ayudaron a confirmar la estrecha asociación entre corrupción, baja calidad de los servicios públicos y precaria calidad de la democracia.

La campaña electoral también ha mostrado la enorme debilidad y casi inexistencia de las estructuras partidarias en el Perú. Los partidos políticos perdieron legitimidad y han hecho muy poco por recuperarla. La deplorable labor de los dos últimos Parlamentos, caracterizada por la mediocridad de sus acciones legislativas y de fiscalización, ha acentuado el descrédito de la clase política. Pareciera que el interés mayor de los partidos no es intervenir en política, sino lucrar y vivir de ella. Tareas perentorias pendientes siguen siendo una real institucionalización partidaria y su modernización.

Las elecciones sirvieron para expresar civismo y autonomía de ciudadanos que optaron por sus candidatos en un proceso intenso y de carácter confrontacional. Más, en contraste con el electorado, esta campaña fue carente de propuestas programáticas serias y de liderazgos políticos que generen real confianza en la ciudadanía. El Perú ha sido testigo de más de un debate sin confrontación de ideas ni programas, así como de continuos ajustes y correcciones a los planes de gobierno entregados al Jurado Nacional de Elecciones, a lo que se suma la multiplicación de las promesas, revelando la  improvisación de quienes pretenden gobernar.

La última encuesta Latinbarómetro es indicativa del considerable porcentaje de peruanos insatisfechos frente a la situación de la economía y la democracia en el país: sólo 18% manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con los beneficios económicos, y el Perú ocupa el puesto 16 entre 18 países en cuanto a pesimismo. El columnista Santiago Pedraglio se pregunta: “¿por qué sorprenderse del crecimiento de Ollanta Humala, cuando al alto número de pobres, la desigualdad social y las grandes diferencias de crecimiento regional se suman el maltrato, la falta de reconocimiento y la falta de empatía con los “perdedores” desde el poder central?”. Sólo 28% de los encuestados peruanos manifestaron estar “muy satisfechos” y “más bien satisfechos” con la democracia, y un magro 14% confía en las instituciones públicas. La volatilidad del electorado no se explica solo por la fragmentación, también es gravitante el alejamiento ciudadano de la política o la antipolítica.

El sentido común oficial y el Perú estratificado se muestran desnudos en estas elecciones. Los votantes que optaron por Humala y en alguna medida por Fujimori son ciudadanos expresando rechazo y frustración popular ante la gran desigualdad en la distribución de la riqueza; este malestar colectivo no ha sido asumido por gobernantes, dueños de medios de producción y comunicación.

Por  otro lado, la polarización y la intolerancia en la que se cayó en las últimas semanas de campaña, anuncia un escenario sumamente complejo para la precaria y débil institucionalidad democrática peruana. Será difícil reconstruir confianzas en la segunda vuelta, a lo que se sumará un Congreso fragmentado en el que las alianzas electorales  probablemente se disuelvan aún antes de su instalación y el transfuguismo sea moneda corriente.

En un escenario distinto de segunda vuelta, Ollanta Humala como Keiko Fujimori, dos candidatos que generan más incógnitas que certezas, deberán precisar mucho más sus propuestas para lograr políticas redistributivas sin afectar el crecimiento económico. El tema de las libertades, donde ambos son interpelables, supone una pregunta central por resolver: ¿qué proponen para que la gestión del Estado sea participativa y democrática?