Lima.- El supuesto asesor de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, pernoctó este sábado en la carceleta del Poder Judicial, después de que el juez Richard Concepción Carhuancho le dictara prisión preventiva por 36 meses mientras lo procesan por lavado de activos y crimen organizado.

Silva Checa, de 68 años, a quien se le dictó la resolución poco antes de la medianoche local de este sábado, estará en la carceleta hasta que el Instituto Nacional Penitenciario decida en cuál penal pasará los próximos tres años.

Concepción Carhuancho tomó la decisión ante indicios aportados por el fiscal del caso, José Domingo Pérez, en el sentido de que el empresario no solo tenía extrema influencia sobre Fujimori, sino que planificó el lavado de activos y desarrolló planes para que la Justicia no pudiera castigar toda la trama.

"Tenemos a una persona que actúa políticamente (Fujimori), que es la imagen mediática, pero tenemos a alguien en la oscuridad. Tenemos una figura expuesta y una atrás, Silva Checa", argumentó Pérez, tras presentar documentos y testimonios.

"El pasado volvió al presente", añadió el fiscal, al recordar que en la década de 1990, durante el mandato de Alberto Fujimori -padre de Keiko-, Silva Checa fue activo colaborador del entonces poderoso asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, e incluso estuvo preso por ello.

El además abogado, primera persona que queda en prisión preventiva por el caso después de Fujimori, no aparece en ninguna relación oficial como asesor de la dirigente ni de su partido Fuerza Popular (FP), pero los testigos protegidos y documentos hallados al parecer pusieron al descubierto su supuesto poder.

La sombra de Odebrecht. Concepción Carhuancho revisa desde hace dos semanas cuáles de las 11 personas para las que Pérez pide prisión preventiva de 36 meses merecen tal medida. Las demás siguen a la espera de la resolución.

Entre quienes aguardan respuesta están los asesores de FP Ana Herz y Pier Figari, quienes aunque tampoco se mostraban en público sí aparecen formalmente como directivos, y los exministros Augusto Bedoya Cámere y Jaime Yoshiyama, este último actualmente en Estados Unidos por supuestas razones de salud.

La supuesta banda es acusada por Pérez de montar una operación para lavar un millón de dólares entregado por la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de FP en 2011.