Piden al Gobierno y al Congreso de la República presentar pronto, con mensaje de urgencia, una iniciativa fiscal, “en la que desde ya expresamos nuestra disposición de hacer mayores contribuciones”.

Bogotá. Las organizaciones del sector productivo agremiadas en Probogotá anuncian apoyo a la adopción de normas tributarias que permitan mayores recursos para el gasto público social. Estos beneficios permitirán que los colombianos de menores ingresos tengan acceso a más bienes y servicios, y a los programas de generación de empleo para jóvenes y mujeres.

Señala la organización privada y empresarial que, ante el desafío de la pandemia del Covid-19 que afectó la manera como vivimos en todas sus dimensiones: la cotidianidad, la educación y el trabajo con la consecuente disminución de ingresos, “debemos todos hacer esfuerzos que ayuden a solventar esta situación”.

El reto de la recuperación de la economía y del país, “no es solo del Estado sino de todas las personas y de toda la sociedad”, reafirma Probogotá.

Reitera la organización que, “debemos todos hacer esfuerzos que ayuden a solventar esta situación y en ningún caso acciones que agraven las posibilidades de recuperación que necesitamos los colombianos”.

En un comunicado de prensa difundido este jueves, sostiene que “la institucionalidad democrática vigente es legítima por surgir de la voluntad ciudadana y amplisimas concertaciones”.

Probogotá pide al Gobierno y al Congreso de la República presentar pronto, con mensaje de urgencia, una reforma tributaria, “en la que desde ya expresamos nuestra disposición de hacer mayores contribuciones”.

Destacan que el trabajo de la ciudadanía ha construido lo que somos y lo que queremos ser como nación, sin embargo, consideran que la violencia y la destrucción invalidan cualquier bandera.

“Los bloqueos empobrecen, truncan los objetivos compartidos, violan libertades, derechos fundamentales y colectivos de todos los colombianos, especialmente de los de menores ingresos”, reafirma el gremio.

El comunicado consigna que “las autoridades y la fuerza pública, en el marco constitucional están en el deber de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de quienes se manifiestan y de quienes no, respaldamos y acompañamos su actuar, que es una función esencial en toda democracia”.