El activista nicaragüense Jesús Tefel fue detenido en 2019 cuando intentó llevar agua a madres en huelga de hambre contra el presidente Daniel Ortega. La justicia lo acusó de planear actos terroristas y, dijo, lo encerró durante 46 días.

Aquella vez, se quedó en Nicaragua después de obtener la libertad sin que se le presentaran cargos. Pero cuando el gobierno de Ortega empezó a detener a aspirantes a la presidencia, a periodistas y a activistas en junio, Tefel huyó a Costa Rica con su familia.

"No cabía la menor duda que iba a caer preso (otra vez si me hubiera quedado)", dijo Tefel, de 35 años, citando su trabajo con los líderes de la oposición que intentan sacar del poder al presidente más antiguo de América, quien busca su cuarto mandato consecutivo en los comicios de noviembre.

La familia de Tefel se sumó a las decenas de miles de personas que se han exiliado este año en medio de la persecución política. El gobierno nicaragüense no respondió de inmediato a preguntas sobre Tefel, cuya anterior detención fue documentada por grupos de derechos humanos y medios de comunicación internacionales, entre ellos Reuters.

Datos de Estados Unidos, Costa Rica y México revelan un éxodo que se perfila como uno de los mayores de Nicaragua desde la guerra civil en la década de 1980. Amenaza con desbordar el sistema de asilo de Costa Rica y ha elevado el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, ya en niveles récord.

En los últimos tres meses, Ortega ha detenido a 35 líderes de la oposición, ha suspendido a un partido rival y ha retenido papel para periódicos, entre otras tácticas que funcionarios de la ONU, Estados Unidos y Europa han calificado como abuso de poder.

El repunte de los nicaragüenses que se exilian va camino a ser mayor que en 2018 ó 2019, cuando la represión de las protestas de la oposición contra Ortega dejó al menos 300 muertos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró en julio más de 13.000 nicaragüenses que cruzaron ilegalmente o solicitaron asilo en las fronteras del país, casi el doble que el mes anterior. Esto hizo que Nicaragua superara a El Salvador, uno de los principales impulsores de la migración latina en Estados Unidos.

Unos 33.000 nicaragüenses han sido aprehendidos en las fronteras de Estados Unidos en lo que va de año, más del doble que en todo 2019, el año con más detenciones de nicaragüenses en al menos una década.

Este podría ser "el año de más solicitudes desde que tenemos registros", dijo el funcionario costarricense Allan Rodríguez, quien supervisa la unidad de asilo del país.

La oficina de Ortega no respondió a una solicitud de comentarios sobre el aumento de la migración o las acusaciones de persecución política. El presidente ha dicho que sus opositores buscan derrocarlo y conspiran contra los intereses nacionales.

Costa Rica está luchando para procesar 11.000 solicitudes de refugio nicaragüenses recibidas en julio y agosto, más que en los meses más críticos de la última ola de represión. Los funcionarios encargados del asilo tienen un trabajo acumulado de 52.000 casos por revisar.

Ortega llegó por primera vez a la presidencia tras el derrocamiento en 1979 del dictador derechista Anastasio Somoza -apoyado por Estados Unidos- por parte de los rebeldes sandinistas y regresó al cargo en 2007.

Trabajando con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha afianzado su poder en el segundo país más pobre de América.

El mandatario ha abolido los límites de los mandatos presidenciales, ha ampliado el imperio empresarial de su familia y ha presionado a medios independientes, al tiempo que ha utilizado las leyes presupuestarias y fiscales para tomar el control de al menos una docena de medios de comunicación.

En los últimos tres meses, Ortega ha detenido a 35 líderes de la oposición, ha suspendido a un partido rival y ha retenido papel para periódicos, entre otras tácticas que funcionarios de la ONU, Estados Unidos y Europa han calificado como abuso de poder para reprimir la libertad de expresión y las elecciones libres.

"Lo que estamos viendo en Nicaragua es un clima creciente de represión, miedo y desesperanza", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios.

Bajo el mandato del presidente Joe Biden, Estados Unidos ha identificado mala gobernanza y un débil estado de derecho como unas de las principales causas de la migración desde Centroamérica y está tratando de persuadir a los países del "Triángulo del Norte" -El Salvador, Guatemala y Honduras- para que aborden estos problemas y frenen los flujos.

Nicaragua, tradicionalmente una fuente menor de inmigración a Estados Unidos, no ha sido incluida en ese esfuerzo.

Sin embargo, el Departamento de Estado dijo que está utilizando "herramientas diplomáticas y económicas" para presionar a un gobierno que califica de antidemocrático y autoritario. Washington ha sancionado a varias personas cercanas a Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo.

En México, los nicaragüenses están pasando semanas o meses en ciudades fronterizas del sur mientras esperan visados para permanecer legalmente o pasar con seguridad a la frontera con Estados Unidos.

Lester Altamirano, de 40 años, vivió en la ciudad mexicana Tapachula durante ocho meses antes de llegar a California con su esposa y su hija de ocho años. Cruzó a Estados Unidos a finales de mayo, según un documento del DHS visto por Reuters, y tiene previsto solicitar asilo.

La familia solicitó por primera vez asilo en Estados Unidos en 2020, pero fue deportada. De vuelta a Nicaragua, Altamirano y su esposa fueron encarcelados durante 11 días por oponerse al Gobierno, contó Altamirano.

Las publicaciones de Altamirano en Facebook contra el Gobierno llamaron entonces la atención de las autoridades de su pequeña ciudad en el norte de Nicaragua.

"Iba a ser peor si me quedaba. Teníamos que arriesgarnos", confesó, haciendo eco de otras personas con las que Reuters habló para este reportaje, como el periodista Carlos Padilla, de 26 años, quien dijo que había tenido miedo de protestar en la calle por temor a ser detenido.

Tefel, que alguna vez dirigió una empresa de turismo, dijo que no sabe cuándo podrá volver a su casa sin arriesgarse a ir a la cárcel.

"Lo viví en carne propia", dijo. "Sé lo que significa estar encerrado injustamente".