El día en que los hondureños escucharon de la boca de un juez condenar a 58 años de cárcel a una ex primera dama acusada por corrupción, las esperanzas de tener una mejor nación comenzaron a crecer.

Era la primera vez que una funcionaria de esa categoría acusada por un delito como ese recibía un castigo de tal magnitud por parte de la Justicia de Honduras, un país azotado históricamente por un alto nivel de corrupción y de impunidad.

Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del exmandatario Porfirio Lobo (2010-2014) fue encontrada culpable de "drenar” del Estado más de 16 millones de lempiras, unos US$650 mil. Además, se le acusó de apropiarse de otros 12 millones de lempiras (US$480 mil) de fondos de Casa Presidencial, destinados a obras sociales.

Su caso fue denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente investigador de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó al país en enero de 2016, tras un acuerdo firmado con el gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández. 

Es así que la determinación que se tomó el 19 de enero de 2020 de no renovar el acuerdo con la OEA para la continuidad de la MACCIH tomó por sorpresa a los hondureños, que ven cómo las esperanzas de un cambio en pro de la transparencia en su país una vez más comienzan a disiparse, y crea incertidumbre sobre lo que depara en el futuro.

Doce casos de corrupción. Ese organismo destapó en el país al menos 12 grandes casos de corrupción que calaron fuerte en las estructuras del gobierno, y que desembocaron, cuatro años más tarde, en que el acuerdo para su continuidad en ese país centroamericano no fuera aprobado por el gobierno de Honduras y la OEA. 

La MACCIH, en sus cuatro años de gestión, denunció, entre otros, uno de los casos ligado al latrocinio que se produjo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del cual una red de funcionarios afines al Partido Nacional, actualmente en el gobierno, sacaron más de 7.000 millones de lempiras, unos US$335 millones.

También denunció el asunto que denominó "Caso Arca Abierta” en el que señaló a varios diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras (851 millones de dólares), entre otros actos de corrupción.

Es así que la determinación que se tomó el 19 de enero de 2020 de no renovar el acuerdo con la OEA para la continuidad de la MACCIH tomó por sorpresa a los hondureños, que ven cómo las esperanzas de un cambio en pro de la transparencia en su país una vez más comienzan a disiparse, y crea incertidumbre sobre lo que depara en el futuro.

La MACCIH trabajaba de cerca en las investigaciones con la Unidad Fiscal Especial de Combate a la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que presentaba las acusaciones formales a implicados en ese tipo de caso, la cual, tras la salida del organismo de la OEA, desapareció, formándose la nueva Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco).