Los manifestantes también rechazaron una reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque y aprobada por el Congreso para recaudar US$ 3.960 millones, al considerarla lesiva para los intereses de los trabajadores.
Los sindicatos de trabajadores de Colombia regresaron este martes a las calles de las principales ciudades del país con multitudinarias marchas en una nueva jornada de protesta para exigir una vez más al Congreso la aprobación de leyes sociales y económicas que beneficien a los más pobres.
Los manifestantes también rechazaron una reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque y aprobada por el Congreso para recaudar US$ 3.960 millones, al considerarla lesiva para los intereses de los trabajadores.
El proyecto fiscal, clave para aliviar las finanzas de la cuarta economía de América Latina, fue aprobado a comienzos de septiembre por el legislativo e incluye la financiación temporal de educación universitaria para jóvenes de escasos recursos, una subvención para familias pobres, así como auxilios económicos para pequeñas y medianas empresas.
"La diferencia es substancial. El Gobierno viene dando unas pequeñas ayudas a las familias, son ayudas insuficientes", dijo a Reuters el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, refiriéndose a la necesidad de aprobar leyes que permitan "combatir el hambre y la desigualdad en Colombia" con más recursos para la inversión social.
Los proyectos presentados por los sindicatos al Congreso buscan una renta básica de US$ 236 mensuales para 7,5 millones de familias pobres durante 13 meses, educación universitaria gratuita y auxilios financieros a las pequeñas empresas. Pero dos meses después de que comenzaron las sesiones en el Congreso, las iniciativas no han avanzado.
Colombia enfrentó desde finales de abril y hasta junio protestas antigubernamentales, mayoritariamente pacíficas, aunque en algunas se registraron saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además de bloqueos de carreteras que provocaron desabastecimiento y alzas en los precios de los combustibles y los alimentos.
Al menos 29 personas murieron en hechos directamente relacionados con las protestas, según estadísticas de la Fiscalía General, aunque grupos de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor.
Los líderes de las protestas, las más largas y violentas en la historia reciente del país, mantienen sus exigencias y anunciaron nuevas movilizaciones para los próximos tres meses.
