Con 7.457 cupos disponibles, los 273 centros de detención del país albergan a 24.218 personas, informó la ONG de DD.HH, 'Una Ventana a la Libertad'. "Las instalaciones están infectadas, con letrinas improvisadas", lamentó su coordinadora de investigación Magaly Huggings.

La ocupación de los centros de detención preventiva de Venezuela alcanzó el 325% al cierre del 2020, dijo el jueves una ONG destacando las insalubres condiciones de esos recintos.

Con unos 7.457 cupos disponibles, los 273 centros de detención albergan a unas 24.218 personas, dijo Magaly Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, que se dedica a los derechos humanos de los reclusos.

En 2019, los detenidos eran unos 19.000 en 200 centros monitorizados por la ONG, que el año pasado amplió su estudio a 273 centros, de los 500 que hay en todo el país, explicó.

Los centros "están infectados, contaminados (...) muchos tienen que hacer sus necesidades en letrinas improvisadas o en bolsas plásticas", dijo Huggins al presentar un informe en una conferencia online. Agregó que la mayoría de los centros carecen de servicio de agua potable, pocetas, duchas y ambulancias.

En Venezuela, los centro de detención preventiva son espacios transitorios hasta por 48 horas, mientras la persona es presentada a las autoridades para decidir su libertad o su ingreso a una cárcel, por lo tanto no están acondicionadas para largas estadías, dijo Huggins.

El fiscal general, Tarek Saab, dijo el jueves que el total de detenidos en los centros es de unos 22.700.

"Es necesario la construcción de nuevos centros", dijo Saab en una intervención en la Asamblea Nacional transmitida por la televisora oficial y agregó que los detenidos ya condenados debían ser transferidos a prisiones y que se requería que en los centros se brindara atención frecuente de salud.

En 2020 fallecieron al menos 208 detenidos en estos centros. De ese total, 143 decesos se produjeron debido a enfermedades como tuberculosis.

Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, dijo que las autoridades no financian esos centros al considerarlos fuera del sistema de prisiones y remarcó que el sostenimiento obedece a los parientes, quienes suministran desde agua potable hasta bolsas para los desechos.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.