A mediados de febrero se llevará a cabo en Lima la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y los países árabes. Ad portas de ese evento, los Estados de Sudamérica (con excepción de Colombia) han reconocido o (según algunos medios) anunciaron que reconocerán la declaración de independencia que en representación del pueblo palestino realizó la OLP en 1988.
Iniciativa que el liderazgo palestino adoptó cuando Israel se negaba a negociar con él, y que fue archivada al inicio de las negociaciones. Transcurridos 19 años de negociaciones sin atisbo de solución, ahora deciden desempolvar la iniciativa buscando respaldo en foros internacionales.
En días recientes el periodista Andrés Oppenheimer publicó un artículo sobre el tema (“El Apoyo sudamericano a Palestina”), el cual contiene algunos lugares comunes que no por habituales dejan de ser erróneos. Por ejemplo, la mención a que, con la excepción de Chile, el reconocimiento de los países sudamericanos hace alusión a las “fronteras anteriores a la guerra de 1967, en la que Israel ocupó -o recuperó, según la posición que uno apoye- Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza”. Afirmación equivocada a varios niveles.
En primer lugar, por una mera constatación histórica: en el período que media entre la independencia de Israel en 1948 y la guerra de 1967, esos lugares nunca fueron parte de ese Estado. Por ende, Israel no podía “recuperar” territorios que jamás estuvieron bajo su soberanía (como no lo están tampoco ahora).
En segundo lugar, el que Israel (pero no la izquierda israelí) los considere “territorios en disputa”, no los convierte en tales: si bastara con una declaración unilateral de la potencia ocupante para colocar en tela de juicio el estatus jurídico de un territorio, Kuwait habría sido durante la ocupación iraquí un “territorio en disputa”, dado que mientras para el conjunto de la comunidad internacional se trataba de un Estado independiente, para el gobierno de Saddam Hussein constituía la decimonovena provincia de Irak.
A nivel jurídico, existen tanto resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que se refieren a Jerusalén oriental, Cisjordania y Gaza como “territorios ocupados”. Denominación que merece un consenso unánime en la comunidad internacional: por sólo citar un ejemplo, la propuesta de paz que en 2003 suscribieron la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y el Secretario General de la ONU (conocida como la “Hoja de Ruta”), llamaba en forma textual a “poner fin a la ocupación iniciada en 1967”.
Luego el artículo atribuye a fuentes israelíes y estadounidenses la afirmación de que “las resoluciones de las Naciones Unidas exigen una solución negociada del conflicto palestino-israelí”, lo cual tampoco es exacto. De un lado, el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad es una obligación incondicional del Estado de Israel, y no está sujeto a la existencia o no de acuerdo alguno entre las partes.
Irán, por ejemplo, ha sostenido negociaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero esas negociaciones no han sustituido la obligación de cumplir incondicionalmente con lo establecido en esas resoluciones. Por eso, mientras se producían de manera intermitente esas negociaciones, Irán fue objeto de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, las cuales se mantendrán vigentes mientras ese país siga en falta.
No ha tenido consecuencias similares el desacato israelí a resoluciones como la 242 (aprobada por el Consejo de Seguridad en 1967, la cual le exige el retiro de los territorios ocupados), y la 446 (aprobada en 1979, que le exige detener la construcción de asentamientos judíos en territorios palestinos).
De otro lado, no es cierto que las Naciones Unidas exijan una solución negociada del conflicto, como tampoco exigieron una solución negociada al conflicto en torno a Kósovo (provincia serbia que declaró su independencia de manera unilateral, con la complacencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania): esa exigencia es más bien producto de un acuerdo entre las partes. Pero los acuerdos existentes también exigían que se arribara a una solución definitiva del conflicto a más tardar en 1999 (V., los acuerdos de Oslo), luego en 2005 (V., la “Hoja de Ruta”), y finalmente en 2008 (V., la Conferencia de Annapolis). Y esos son sólo parte de los acuerdos incumplidos en 19 años de negociaciones infructuosas. Es decir, Estados Unidos e Israel exigen que se cumpla con el principio abstracto de resolver el conflicto por la vía de las negociaciones, pero no exigen que se implemente lo negociado. Y ahora lamentan que los palestinos adopten decisiones unilaterales, cuando Israel lo ha venido haciendo desde el inicio de las negociaciones (por ejemplo, al continuar con la construcción de asentamientos o al construir un muro dentro de territorio palestino, contraviniendo la opinión de la Corte Internacional de Justicia).
Por restricciones de espacio sólo haré referencia a una de las conclusiones de Oppenheimer, según la cual una posición más “ecuánime” y “equilibrada” implicaría, entre otras cosas, “presionar a los palestinos para que reconozcan el derecho de Israel a existir como un Estado judío”. No sé cuál sea la base para sostener que esa sería una exigencia ecuánime o equilibrada dado que no tiene amparo alguno en el derecho internacional o las resoluciones de las Naciones Unidas, y que jamás había sido planteada antes por ningún gobierno israelí, incluyendo el primer gobierno de Benjamín Netanyahu.
Los palestinos sólo tienen la obligación de reconocer el derecho de Israel a existir como Estado soberano, si Israel ha de proclamarse un Estado judío o secular, republicano o monárquico, es algo que sólo le compete decidir a sus ciudadanos. Y es una exigencia de dudosa ecuanimidad, dado que al menos un 20% de los ciudadanos israelíes no son judíos, y que la mayoría de judíos en el mundo no son ciudadanos de Israel.
