Cuando la burbuja de la bonanza de la economía boliviana cambió, el gobierno del presidente Evo Morales comenzó a preocuparse. Se hacía evidente que habría, en el futuro inmediato, serias dificultades económicas. La era de los excepcionales ingresos por las exportaciones de gas al Brasil y la Argentina, por diversas causas, está terminando. Esto, paralelamente a una inflación creciente y a una recurrente carestía de artículos de primera necesidad.

La pesada carga que representa la profusión de bonos a sectores de la población, como parte de una política oficial de prebendas con el objetivo de conservar a sus adherentes y la subvención a los carburantes en más de US$380 millones anuales, para las dimensiones de la economía boliviana es un lastre demasiado grande y, ciertamente, insostenible. 

Pero pocos podían imaginar un giro en la política del gobierno populista, y que estuviera dispuesto a adoptar una medida propia del pensamiento liberal, tan vilipendiado durante este lustro. Jorge Lazare dice: “En realidad no lo hizo antes porque estuvo atado a una ideología anti “neoliberal” primaria, de la que fue víctima. Entre el  2006-2008 no reajustó las tarifas para no aparecer de “neoliberal’”. (“Bolivia: el gobierno de Evo Morales, víctima de sí mismo”. Infolatam, 9.01.2011).

Las protestas:

Cualquier aumento de precios ocasiona resistencia y protestas populares. Pero para el régimen del Movimiento al Socialismo esto era cosa del pasado. Morales gozaba, según diversas encuestas, de un sólido y continuo apoyo ciudadano mayor al 60%. Pero el régimen de Morales no midió las consecuencias, ni tomó en consideración que las lealtades de los grupos sociales sólo se mantienen si se cumplen promesas y se satisfacen sus mínimas expectativas.   

“Estamos de acuerdo -decía una publicación- con que no se puede seguir subvencionando el costo de los combustibles. El daño económico al país es enorme y no podemos darnos el lujo de tener los precios más baratos del continente e incentivar el contrabando. Pero tampoco se puede imponer un alza de precios criminal y terminar matando de hambre a la gente”. Esta fue una reacción moderada. Los sectores más vulnerables, en cambio, y para sorpresa del gobierno, retomaron su combatividad en la protesta, temiéndose que se reiteraran las jornadas sangrientas de octubre de 2003, que culminaron en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

En verdad, por primera vez, se puso en evidencia un rechazo tan contundente al gobierno de Morales. Oscar Ortiz, ex presidente del Senado Nacional, describió la peligrosa situación: “… el poder tembló en la Plaza Murillo, pues las manifestaciones de los enfurecidos habitantes de la ciudad de El Alto llegaron a cien metros del Palacio Quemado”, llevando fotografías del presidente Morales con el rótulo de traidor y exigiendo su renuncia (“Gasolinazo y la caída del Mito”. El Diario Exterior. 09.01.2011).

Se dice ahora que las Fuerzas Armadas habrían hecho saber al presidente que, en caso de enfrentamientos callejeros, las unidades militares no saldrían a reprimir al pueblo. Era de esperar: el costo en vidas de la represión de octubre de 2003, cuando cayó el presidente Sánchez de Lozada, todavía pesa sobre la institución armada. Este sería otro de los motivos para que el presidente Morales, a cinco días del gasolinazo, diera marcha atrás, derogando el decreto que autorizaba la elevación de los precios de los carburantes.

El gasolinazo lo cambio todo. La imagen del presidente, al que se rendía verdadero culto, fue la que más sufrió. Las muchedumbres enardecidas amenazaban con derrocarlo. La fuerza del MAS, considerada invencible, estuvo ausente y éste quedó huérfano de apoyo. Los llamados “movimientos sociales” resultaron tan dispuestos a combatir a Evo Morales, como estuvieron contra el depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La secuela:

En los cinco días del gasolinazo, los precios de los artículos de primera necesidad, especialmente de los alimentos, subieron entre el 20 y el 30%. La anulación del alza de los carburantes, sin embargo, no hizo que estos precios vuelvan a los niveles anteriores al 26 de diciembre.

Los transportistas ya anuncian una dura lucha para incrementar las tarifas urbanas que no han sido reajustadas desde hace muchos años, justificando su demanda en que, pese a que los precios de los carburantes no subieron, los  repuestos y partes de automotores, tuvieron considerables incrementos. 

A eso se añade la recurrente escasez de ciertos alimentos. El azúcar, por ejemplo, que desapareció de los escaparates de supermercados y almacenes -se dice que se vendía clandestinamente a elevados precios-, y recientemente la distribuidora oficial, EMAPA, subió el precio de este artículo en 23%. “Tarifazo de EMAPA causa malestar” fue un titular, a todo lo ancho de su primera página, del influyente diario “El Deber” (15.01.2011). También la leche y otros productos alimenticios han tenido sustanciales alzas.

Por otra parte, este es el tiempo en que tradicionalmente en Bolivia se discute los incrementos de salarios. Es previsible que las demandas superen en mucho a lo que ofrezca el gobierno. Esto podría llevar a exacerbar nuevamente a los sectores asalariados que constituyeron parte importante en las manifestaciones de protesta contra el “gasolinazo”.

Como no ha desaparecido la necesidad del ajuste de los precios de los carburantes, hay señales de que el gobierno se prepara para lanzar un nuevo “gasolinazo”, quizá no de la magnitud del anteriormente anulado, esto cuando aún no se ha disipado el rechazo al anterior intento.

El gobierno, en realidad, está entrampado por su desidia de cinco años en “tomar el toro por las astas”, y por su intento tardío de ajuste inmediato. Ahora, el MAS y el presidente Morales han perdido fuerza. Su debilitamiento se ha hecho ostensible: “La imagen del gobierno sufre una fuerte caída (El Deber 09.01.11). “Un reciente estudio realizado por Captura Consulting, en Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y El Alto revela un rechazo del 67% y una aprobación del 30% a la gestión del presidente Evo Morales. Un 82% piensa que las medidas que tomó a fin de año fueron erráticas”.

Parece que el presidente cree que un incremento, ahora gradual, y con menores porcentajes, evitará las protestas. Esto, que pudo ser cierto el 26 de diciembre, ahora es dudoso. Lo probable es que, si se insiste, habrá nueva resistencia, poniendo en jaque al régimen. Ya se sabe que es posible torcerle el brazo a Evo Morales. Y, cuando esto sucede, la pérdida de autoridad resulta peligrosa.

Un ejemplo: El dirigente de los ‘gremiales’ -así se llaman en Bolivia a los pequeños comerciantes- antes partidario del régimen, ahora “advirtió que más de un millón de comerciantes a quienes representa no permitirán un nuevo “gasolinazo” que está siendo analizado por el gobierno, debido al daño que deja en la economía familiar, además porque los más perjudicados y responsables resultan siendo el sector” (El Diario. 14.01.2011).

Mientras tanto, el suspenso, es decir, una calma tensa que pudiera preceder a una nueva tormenta. En Bolivia, hay muchos ejemplos históricos de esto.