El juez Claudio Bonadio acusa a la ex mandataria argentina de "encubrir" documentos históricos obtenidos "ilegalmente": un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta del libertador José de San Martín.

Buenos Aires. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual senadora, fue procesada este lunes por tener en su propiedad documentos históricos que fueron hallados durante un registro judicial en su casa de El Calafate, en el sur del país, informaron fuentes judiciales.

El delito del que el juez Claudio Bonadio la acusa es el de "encubrimiento" de documentos históricos: Fernández tenía un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y una carta que el libertador José de San Martín le escribió desde Francia al chileno Bernardo O' Higgins en 1835.

El pasado 25 de febrero, al ser citada por el magistrado para declarar como imputada en ocho causas, la mayoría por presunta corrupción y entre ellas esta, la viuda del también examandatario Néstor Kirchner (2003-2007) reiteró que sufre una persecución en su contra y tildó de "absolutamente falsa" esta acusación.

"El hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente", señaló la exmandataria, procesada ya en siete causas, en un escrito presentado ante el juez.

Según el diario argentino Clarín, los documentos de San Martín e Yrigoyen, que  se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación, son "auténticos". Para el juez Bonadio, la carta de San Martín "constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época."

Bonadio determinó que la expresidenta no debía tener en su poder esos documentos, que se habrían adquirido de forma "ilegal" y, por eso, la procesó, reportan Clarín y otros medios argentinos. El magistrado acusó a la expresidenta por  “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos". Tal acusación contempla una pena de multa de entre diez mil y cien mil pesos, asegura la prensa local.