El fallo fue adoptado por un Tribunal Penal de la CNJ tras negar las apelaciones presentadas por los procesados a la sentencia emitida en abril pasado por otro tribunal, que los declaró culpables del delito de cohecho.
Quito. Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó este lunes la condena de ocho años de prisión por el delito de cohecho al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), así como a otras 17 personas dentro de un juicio por presuntos sobornos, informó la prensa local.
El fallo fue adoptado por un Tribunal Penal de la CNJ tras negar las apelaciones presentadas por los procesados a la sentencia emitida en abril pasado por otro tribunal, que los declaró culpables del delito de cohecho y los sentenció a ocho años de prisión.
Por este caso, además de Correa, que reside en Bélgica, fue condenado el ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien está preso desde finales de 2017 por otro caso de corrupción relacionado a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador.
Para Correa y Glas, la justicia dictaminó en el fallo de abril pasado la pérdida de sus derechos políticos por 25 años, lo que inhabilita a Correa a participar en las elecciones presidenciales de 2021.
Se impuso igual condena a otros ex funcionarios del gobierno del ex mandatario, entre ellos, los ex ministros de Turismo, Vinicio Alvarado; de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Angeles Duarte; y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Antes de que se ejecute esta sentencia, los procesados pueden presentar un último recurso, que es el de casación.
El caso conocido como "Sobornos 2012-2016", por el cual también fueron procesados 10 empresarios, está relacionado con denuncias de supuestos aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza PAIS cuando Correa era su líder.
Los aportes habrían sido realizados por compañías nacionales y multinacionales extranjeras, entre ellas Odebrecht, para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.
Según la Fiscalía, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos liderada por el ex presidente para cometer delitos.
Dentro de esta trama de corrupción, presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero, ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas, a funcionarios públicos a cambio de contratos con el gobierno u otros beneficios.
