El Tribunal Supremo de Brasil ha trasladado a la Fiscalía una acusación contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, por difundir y defender el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, para tratar a los enfermos de coronavirus, pese a que no existen estudios científicos que avalen su uso.

La acusación ha sido presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), que considera que Bolsonaro habría puesto en riesgo la vida de los pacientes con coronavirus al alentar el uso de un fármaco que no sólo no cuenta con aval científico para estos casos, sino que además se ha demostrado perjudicial para las personas que tienen problemas cardiacos y respiratorios.

A su vez, el PDT ha denunciado el uso de fondo públicos para la compra de cloroquina a través del Sistema Único de Salud (SUS), ya que tampoco ha contado con la autorización para tal fin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), algo por lo que ya fue cuestionado el Gobierno de Bolsonaro por el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (TCU).

"Hubo una difusión excesiva de cloroquina, con probables ilegalidades en el gasto de dinero público cuando ni siquiera existe un estudio científico que demuestre la eficacia del medicamento en el combate y prevención del nuevo coronavirus", ha denunciado del PDT.

"Al recetar un medicamento sin prescripción científica, el señor Jair Bolsonaro puso en peligro la vida de los brasileños que ingirieron un medicamento contraindicado en varios cuadros médicos", remarca la denuncia.

"Hubo una difusión excesiva de cloroquina, con probables ilegalidades en el gasto de dinero público cuando ni siquiera existe un estudio científico que demuestre la eficacia del medicamento en el combate y prevención del nuevo coronavirus", ha denunciado del PDT.

Con este movimiento del Supremo la denuncia pasa a la mesa del fiscal general, Ausgusto Aras, tradicional aliado del presidente, a quien se le ha presionado en las últimas semanas para que avance en algunas de las denuncias contra el presidente que se le amontonan en el despacho.

Será Aras quien deberá decidir ahora, es el único con potestad para hacerlo, si presentar una denuncia penal contra Bolsonaro, o bien por un delito común. Entre las otras opciones que tiene, está solicitar una investigación preliminar sobre el caso al Supremo, o adjuntar a la misma otras investigaciones relacionadas.

Se estima que el Ministerio de Salud se ha gastado un millón de reales (más de US$ 180.000) desde el inicio de la pandemia en este fármaco, que a diferencia de las vacunas contra el coronavirus, ha contado con el favor del presidente Bolsonaro, a quien es frecuente ver en sus intervenciones hacer alarde de los supuestos beneficios que trae consigo su uso.

El uso de la cloroquina para tratar la Covid-19 se ha convertido en una cuestión de Estado en Brasil, después de que Bolsonaro se haya mostrado tan a favor -él mismo la está tomando tras dar positivo- que sus anteriores ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, optaron por dejar el cargo debido a las grandes diferencias acerca de la conveniencia de administrar este fármaco.

En total, nueve investigaciones han sido abiertas ya contra Bolsonaro, las últimas por la posible omisión de sus funciones en las crisis sanitarias en Amazonas y Pará, hechos por los que el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, también está siendo investigado y que le podrían suponer su expulsión del cargo.

La semana pasada la Fiscalía anunció que está evaluando la posibilidad de presentar una acusación contra Bolsonaro por un posible delito cuando en junio del año pasado animó a sus seguidores a irrumpir en los hospitales públicos y comprobar si el colapso sanitario que las autoridades locales habían denunciado era cierto.

Bolsonaro también ha sido denunciado por no cumplir con las medidas impuestas por los gobiernos locales, como el uso de la mascarilla y evitar las aglomeraciones, además de por tratar con otros personas sin protección cuando confirmó su positivo por coronavirus.