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Un balance, a 62 años de la Declaración Universal de los DD.HH.
Jue, 28/07/2011 - 14:38

Luis Daniel Vazquez

Luis Daniel Vazquez
Luis Daniel Vazquez

Luis Vázquez Valencia es académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Es Licenciado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de poseer una maestría en Sociología Política y un Doctorado en Ciencias Sociales. Su línea de investigación es el Estado de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Político y Democráticos. Como investigador de Flacso ha participado en diversas publicaciones, entre ellas, el libro "Democracia y mercado: viejas disputas, ¿nuevas soluciones? Análisis y lecciones del caso argentino (1989-2008)". Desde 2006 realiza labores de docencia en la citada institución.

A 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), firmada por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la lucha por conservar y consolidar el respeto a los derechos fundamentales de los individuos sigue vigente y es cada vez más álgida.

Después de los hechos de discriminación y represión de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad fue capaz de institucionalizar la voz del “nunca más” que, aunque no ha sido definitiva (pues la historia ha demostrado la vuelta a regímenes autoritarios en diversas partes del mundo), sí contribuyó al aprendizaje y a la conciencia de las obligaciones de las naciones y de la sociedad civil en favor de los derechos humanos (DD.HH).

Desde esa fecha, la DUDH tuvo un valor simbólico a nivel mundial, pues a partir de entonces surgió la preocupación fidedigna, no sólo por hacer cumplir los DD.HH. de forma colectiva, plural y con compromisos adquiridos desde el Estado, los organismos internacionales o las organizaciones civiles, sino también, por estudiar y entender, de mejor manera el comportamiento de la sociedad y los gobiernos en torno a este tema.

Cabe llamar la atención que los DD.HH. no son sólo tema de abogados; más que una norma son, igualmente, un discurso que genera identidad y procesos de empoderamiento, por lo que los recursos, estudios y análisis provenientes únicamente del derecho resultan insuficientes.

Desde hace más de 25 años, la antropología jurídica, la sociología política, la ciencia política, la historia del tiempo reciente, las relaciones internacionales, la política pública, los estudios sobre género y sobre democracia, y diversas disciplinas más se han interesado por estudiar y comprender el fenómeno político-social de los derechos humanos.

Uno de los rubros que también se ha mantenido, e incluso enriquecido, es el andamiaje metodológico para verificar una política pública con perspectiva de DD.HH.

Así, surgieron incógnitas que sólo pueden ser respondidas desde una perspectiva multidisciplinaria. Los derechos humanos ¿empoderan o desempoderan a los sujetos colectivos? ¿La universalidad de los derechos constituye o se opone a la diversidad cultural? ¿Responden a la equidad social o se sirven de ella? ¿Cómo inciden en este debate las orientaciones de perspectiva de género y diversidad sexual? ¿Qué papel cumplen en la construcción de una memoria colectiva?

En fin, surge una pregunta doble: ¿en qué tipo de regimen y etapa histórica los derechos humanos se han respetado en mayor medida?

A la pregunta si el respeto y la garantía de los derechos humanos se relacionan con algún régimen político, puede responderse que, aunque en los análisis sobre la relación que existe entre DD.HH. y democracia se esperaba que las transiciones democráticas en diversos países trajeran consigo un mayor índice de cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los resultados evidenciaron que los regimenes en donde existen menos violaciones a estos derechos son las democracias consolidadas, pero, asimismo, en las dictaduras consolidadas.

Entonces, ¿en qué momento histórico se dieron menos violaciones a los DD.HH.? Politólogos midieron el derecho a la vida y a la integridad, y la libertad personal con los procesos de transición política, y encontraron dos cosas muy importantes: donde había procesos de transición hacia la democracia o el autoritarismo era endeble o muy reciente, se daban mayores violaciones a los derechos humanos que en sistemas ya consolidados, fueran democráticos o dictatoriales.

Lo que estos estudios arrojan es que no hay pautas sistemáticas en las líneas de actuación. Lo que se intuye es que los ciudadanos que viven en una dictadura consolidada o en un régimen democrático consolidado saben cómo responder al régimen, saben que pueden o no salir a las calles a manifestarse, y si van a ser o no reprimidos, certezas que no se tienen con sistemas recién instaurados.

Aunque, en realidad, nada garantiza que no va a haber vuelta atrás en cualquier derecho humano.

A pesar de los intentos por la institucionalización de los derechos humanos y de la búsqueda por garantizar su respeto y cumplimiento, no se puede afirmar que hoy exista una sociedad en donde los derechos fundamentales estén plenamente garantizados. Y lo que es más preocupante es que existen grupos sociales cuyos derechos humanos sufren mayores violaciones.

A 62 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los grupos más vulnerados son las personas privadas de la libertad, quienes están en la cárcel o internados en hospitales psiquiátricos; generalmente, la situación de vulnerabilidad de estos grupos conlleva la violación de diversos derechos de forma sistemática; estas personas padecen la falta de acceso a la justicia, a la vivienda digna, al agua, a la educación, al trabajo, entre otros.

En otras perspectivas como la de Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el grupo que más vulnerado se haya frente al cumplimiento de sus derechos fundamentales es el de las mujeres, con diversas agravantes como ser mujer reclusa, migrante o indígena. Es decir, dentro de cada grupo en situación de vulnerabilidad -migrantes, personas que sufren trata, personas privadas de la libertad, personas en situación de calle, etcétera- las mujeres de cada grupo se encuentran peor situadas que los hombres.

Lo que sí se mantiene y se ha consolidado, son los principios que rigen y señalan cuáles son los mínimos exigibles inmediatos, las obligaciones que el Estado tiene que cumplir; por ejemplo, evitar la tortura y asegurar la integridad de las personas bajo preceptos de progresividad y no regresión; es decir, que una vez que el individuo adquiere derechos no debe perderlos.

Resulta, todavía, importante hacer hincapié en que los derechos humanos son un piso y no un techo, son lo mínimo a lo que puede aspirar una persona.

Teniendo en cuenta esa perspectiva, tiene sentido convertir los DD.HH. en un objeto de estudio de las ciencias sociales, para que el conocimiento y la aplicación de los derechos se vuelvan cotidianos; transversalizar los estándares internacionales de los contenidos de justicia, igualdad y libertad en lógicas diarias. Es ahí donde las ciencias sociales tienen mucho trabajo: convertir el discurso político en lógicas institucionales y cotidianas.

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