¿Tienen influencia los movimientos verdes en la determinación de políticas públicas? ¿Son mecanismos alternativos a los tradicionales de participación política? La respuesta básicamente es no.

Si bien, en Chile los movimientos verdes tienden a ser percibidos como recientes, al mirar los principales líderes, vemos que no lo son en absoluto: Luis Mariano Rendón, vocero de Acción Ecológica, tiene una larga historia de enfrentamientos con los gobiernos por temas medioambientales y Hernán Sandoval debuta en política en el 2000, al asumir la secretaría técnica del AUGE. Esto nos lleva al viejo problema sobre qué significa un movimiento verde para la sociedad y para el sistema político.

La dicotomía social-político se entiende bien, cuando se asume que estos movimientos surgen por la debilidad de los partidos para representar intereses y demandas de crecientes sectores sociales, como expresión de la crisis de credibilidad de los canales de expresión y, finalmente, como formas alternativas de participación y decisión en los asuntos de interés público. El dilema no resuelto, es si estos movimientos buscan objetivos que benefician a la comunidad en su conjunto, o sólo a los participantes o representantes de los mismos.

No pocos dirigentes medioambientalistas han cruzado a la arena política y han competido normalmente desde plataformas electorales de izquierda, tema que por sí mismo no reviste mayor problema, salvo cuando política y medioambiente se unen para definir estos movimientos como grupos que se enfrentan a las élites, aunque ellos mismos son una élite.

¿Han sido exitosas estas élites? Las más de las veces no. Hagamos un breve recuento: la última marcha contra el proyecto Hidroaysén, ocurrida el 28 de mayo, más allá de si fueron 90 personas para los convocantes -o 15 según carabineros-, no es en modo alguno una de las más numerosas realizadas en Santiago. Quizás, la primera en importancia ocurrió el 6 de septiembre de 1995, cuyo objetivo fue un llamado a protestar por los ensayos nucleares franceses en Mururoa y concentró a una multitud en el Parque Forestal de Santiago.

No obstante, los movimientos verdes fueron exitosos para enfrentar el proyecto de Forestal Trillium, el cual, a inicios de los ’90 y de la mano de la empresa norteamericana Trillium, adquirió 258 mil hectáreas de bosque nativo (lenga) para su comercialización en la Región de Magallanes. Ello generó una de las primeras crisis político-ambientales, ya que el proyecto contó con el aprobación de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) de la XII Región, en base a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los conflictos generaron la posibilidad cierta de retirar el proyecto, lo que finalmente ocurrió en el 2003, al traspasar la propiedad de los terrenos al banco norteamericano Goldman Sachs.

No lo fueron, sin embargo, al enfrentar las obras para crear la Central Hidroeléctrica Ralco, en el Alto del Biobío. El objetivo que se planteó la empresa Endesa, (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) fue aumentar la oferta de energía eléctrica y una de sus dificultades más emblemáticas fue la oposición activa de minorías mapuches que habitaban el lugar. No obstante, la empresa argumentó que de 90 familias afectadas por la central, sólo ocho no habían aceptado las ofertas y beneficios obtenidos, proceso que se había realizado bajo la supervisión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Condai). Un último fracaso fue la utilización de la mezcla de carbón y petcoke, llamado carbón de petróleo.

Aunque poco se ha estudiado sobre estos temas, respecto a las dos preguntas iniciales es bueno señalar la tensión que enfrentarán los movimientos verdes, ya que, por una parte, deben retener el apoyo de los activistas que valoran la tradición de protesta del grupo y, por la otra, los que ven la efectividad del mismo ligada a la participación en las corrientes de decisión política. Complementariamente el desafío es si estas actividades quedarán ideológicamente sesgadas en favor de la izquierda o ligadas a la posesión de ciertos recursos, como un nivel educativo más alto.

La tensión entre activismo antagonista y gobierno representativo, probablemente se resuelva a favor del segundo. De hecho, los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros llevan normalmente a la dramatización mediática, en un ciclo de movilizaciones difíciles de mantener, especialmente en conflictos que, como en el caso de Hidroaysén, son de largo aliento, de varias administraciones y de más de una generación.