Managua. Supermercados vacíos, filas para comprar gasolina y escasez de productos tan básicos como jabón y papel higiénico, que como los alimentos, sólo podían comprarse con una tarjeta de racionamiento, son recuerdos gravados en la memoria de los nicaragüenses mayores de 40 años. 

Eran los días de una revolución liderada por nueve comandantes sandinistas que quisieron cambiar el sistema de raíz y fueron arrastrados por la Guerra Fría. Aliados de Cuba y del bloque soviético, desafiaron al gobierno más poderoso de la Tierra, Estados Unidos, y quedaron "atrapados entre las patas de los caballos”.

La administración de Ronald Reagan no los perdonó. No sólo financió y entrenó un ejército de "contras”, que llegó a tener 40.000 campesinos en armas, sino que en 1985 impuso a Nicaragua un férreo embargo financiero y comercial que duró casi cinco años y que, junto al desgaste de la guerra, terminó asfixiando al régimen sandinista.

El presidente de Nicaragua era el comandante Daniel Ortega, que en 1990 perdió las elecciones y entregó el poder a la opositora Violeta Chamorro. Hoy, con 73 años a cuestas, el exguerrillero que recuperó el gobierno en 2007 enfrenta su peor crisis política, social y económica.

Las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 fueron aplastadas por policías y paramilitares y la represión dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos y unos 80.000 exiliados, según datos recientes de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El gobierno de Donald Trump amenaza con imponer a Nicaragua un embargo similar al aplicado a inicios de este mes a Venezuela. "Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí otra vez, así como va a funcionar en Venezuela y Cuba”, declaró el asesor de Seguridad, John Bolton.

Al no resolverse la crisis, la economía y el turismo se desplomaron. Una docena de altos funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, incluyendo a sus ministros más leales, su hijo Laureano y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos y por Canadá con el retiro de visas y el congelamiento de cuentas bancarias, tras involucrarlos en actos de corrupción y violación de derechos humanos.

El gobierno de Donald Trump amenaza además con imponer a Nicaragua un embargo similar al aplicado a inicios de este mes a Venezuela. "Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí otra vez, así como va a funcionar en Venezuela y Cuba”, declaró el asesor de Seguridad, John Bolton.

Sus palabras dispararon la alarma entre los nicaragüenses que padecieron el racionamiento durante el primer gobierno sandinista. "En aquella época éramos jóvenes, teníamos ideales, pero hoy no hay una revolución. Yo no quiero volver a vivirlo”, aseguró Ruth, una profesora  jubilada que apoyó fervientemente a los sandinistas en la década de 1980.

Consultado por DW, el experto Néstor Avendaño dijo que hoy día un embargo comercial "tendría los efectos de un mega-terremoto en la economía de Nicaragua”.

 "Ha vuelto a encenderse la luz amarilla. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y la alusión a la posibilidad de un embargo a Nicaragua constituyen una seria advertencia de Estados Unidos”, indicó el economista, director de la ONG Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES).

En su orden ejecutiva del 5 de agosto, Trump determinó que "todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos”. Un bloqueo económico absoluto, sólo aplicado antes a Cuba, Irán, Siria o Corea del Norte.

 

¿Qué pasa si el primer socio comercial de Nicaragua declara un bloqueo comercial? "Un bloqueo de ese tipo sobre Nicaragua sería devastador, ya que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, recibe el 42,3% de nuestras exportaciones”, dijo Avendaño. A nivel interno provocaría escasez de bienes de consumo (alimentos, medicamentos, vestuario, electrodomésticos), de maquinarias, equipos y materias primas para la producción, como en los años '80.

A ello seguiría el desplome productivo del transporte, las comunicaciones, servicios bancarios, minería, comercio, agropecuario e industria manufacturera. Caerían las inversiones y los volúmenes de exportaciones, mientras el gasto gubernamental se elevaría, explicó.

"Junto a la caída de la producción, se destruirían más puestos de trabajo formal y continuaría aumentando el desempleo y el subempleo, todo lo cual impactaría con una tasa de pobreza galopante”, afirmó. Como piezas de dominó, el producto interno bruto por habitante promedio anual retrocedería  cinco años más, sumándose a los siete años que ha retrocedido como resultado de 16 largos meses de crisis política.

Según Avendaño, con un embargo el dólar se dispararía en el mercado ilegal y aceleraría la tasa de inflación, "que también sería galopante”. A su vez, el sistema financiero podría enfrentar una estampida de depósitos bancarios y una caída severa de las reservas internacionales.

"Se perdería la estabilidad macroeconómica que se había logrado mantener hasta ahora”,  se lamentó el especialista. Para Violeta Granera, socióloga y dirigente política opositora, el embargo ya comenzó "porque Ortega está auto-embargando a Nicaragua, al negarse a resolver la crisis que ha causado deterioro económico, desempleo y el exilio de miles de ciudadanos”.

 

"No estamos en los años 80. No hay fe ni respaldo a ninguna revolución, sino un gobierno con un proyecto dinástico y corrupto que debe irse cuanto antes”, dijo a DW al preguntársele si Ortega saldría airoso de un bloqueo.

Ortega ha minimizado el impacto de las sanciones aplicadas hasta hoy, que lo han obligado a sustituir ministros o retirarlos de la función administrativa, en tanto ya no pueden firmar ni un cheque para pagar la planilla, autorizar compras o gestionar desembolsos.

En Estados Unidos "piensan que sancionando a personas podrán doblegar un país y eso es imposible. Nuestras instituciones siguen funcionando y las sanciones para nosotros son medallas", dice Jacinto Suárez, jefe de relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista.

En el mismo sentido, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien las sanciones de Estados Unidos y Canadá lo inhabilitaron para manejar el presupuesto, el personal y los proyectos del Poder Legislativo, desafía: "Para mí es un reconocimiento, es una condecoración que el imperio asesino me sancione”.