El Parlamento venezolano aprobó el borrador de la Ley de Garantía para los Empleados Públicos con miras a defender las libertades políticas de un gremio que suele ser amedrentado para que se manifieste a favor de Maduro.
Caracas. El hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, y su principal adversario, Juan Guaidó, han exhortado a sus compatriotas a tomar las calles este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para manifestar a favor y en contra de la Revolución Bolivariana, respectivamente.
Hace ya tres meses que el Parlamento declaró inconstitucional la reelección presidencial del primero y juramentó al segundo como jefe de Gobierno encargado, pero la pugna entre ambos continúa. Aunque Guaidó es reconocido por más de cincuenta países; Maduro controla de facto el territorio nacional y casi todas las instituciones estatales, incluida la castrense.
La fecha pautada para medir sus fuerzas no es casual. Maduro quiere presentarse como el único capaz de implementar políticas favorables a los intereses de los empleados públicos y privados. Guaidó necesita ganarse la confianza de los asalariados, que constituyen alrededor del 90% de la población económicamente activa en el país; si no lo hace, no podrá alentarlos a protestar, ni a cielo abierto ni en las urnas, contra el partido de Gobierno, el PSUV.
Buscando asegurarse el apoyo de los trabajadores, Maduro acaba de duplicar el sueldo mínimo con efecto retroactivo, llevándolo a 40.000 bolívares soberanos (US$8) mensuales.
Con el mismo fin, Guaidó recurrió a otra táctica: a lo largo del mes de abril, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión el borrador de la Ley de Garantía para los Empleados Públicos, lo sometió al escrutinio de aproximadamente 600 sindicatos e invitó a sus integrantes a divulgar su contenido.
El objetivo de ese documento es defender tanto los derechos económico-laborales como las libertades políticas de un gremio que devenga sueldos insuficientes para cubrir sus gastos más elementales y suele ser amedrentado con miras a que vote a favor de Maduro o del PSUV, denigre de sus opositores o encubra actos de corrupción.
Derechos económico-laborales, libertades políticas. Guaidó describe el proyecto de ley como un compromiso de su Ejecutivo interino con los trabajadores que se sienten perseguidos por la cúpula chavista de las instituciones y empresas estatales.
“Esta ley viene a proteger a los empleados públicos. Les decimos: piensen y tomen sus decisiones libremente”, dijo el joven político recientemente, prometiéndoles, además, que vivirían dignamente de su sueldo en el futuro cercano.
“El régimen pulverizó el salario y la vida de los trabajadores. Ya se acabó el chantaje de depender de una pírrica remuneración”, agregó. Dada su debilidad institucional, está por verse qué tan persuasivo es su llamado.
Es cierto, Maduro aprobó seis aumentos salariales en 2018 y dos en lo que va de año que no han servido de mucho. Es verdad, según la ONG venezolana Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el nuevo ingreso mínimo apenas cubre una décima parte del costo de la canasta básica alimentaria.
Pero, ¿no es demasiado temprano para que Guaidó pretenda superar las ofertas de mejora de Maduro? “No lo creo. Si el antichavismo rechazara el aumento de los sueldos, estaría comunicando que los trabajadores son los únicos que deben pagar el costo de las reformas económicas”, señala el economista Alejandro Márquez Velázquez.
“El peso de los ajustes económicos también debe recaer sobre los hombros del empresariado y del propio Estado. Todos los actores económicos deben hacer concesiones para ponerle fin a la hiperinflación. La meta es que el salario vaya recuperando progresivamente su poder de compra sin generar inflación”, explica Márquez Velázquez, investigador-docente del Instituto Latinoamérica (LAI), de Berlín.
Al ser consultado sobre la ley, el politólogo Fernando Mires pone en duda su potencial para emancipar a los empleados públicos y generar cambios positivos rápidos. “Yo creo que esa iniciativa pertenece al campo de la ciencia ficción”, esgrime.
Poder de persuasión. “El Gobierno de Guaidó todavía no es real; sigue siendo simbólico. Lo que está tratando de hacer Guaidó es ganar para sí a sectores que el chavismo se ha arrogado tradicionalmente". dice Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg especializado en Teoría Política.
"Guaidó quiere acumular fuerzas y nada más. Pero el objetivo no debe ser simplemente salir masivamente a la calle porque es 1 de mayo. Esa medida sólo tiene razón de ser si se emplea para respaldar el clamor por elecciones libres. Insisto, crear conexiones para exigir elecciones libres y luego llamar a la gente a la calle es una estrategia efectiva; pero no al revés”, añade.
“Al igual que pasa con la Ley de Amnistía, concebida para persuadir a los militares de cambiar de bando, la Ley de Garantía para Empleados Públicos tiene aspectos positivos y negativos. Pero, por sí solas, esas leyes no pueden anular de un plumazo los veinte años del discurso chavista; a sus funcionarios se les dijo que la oposición ambicionaba despojar de sus beneficios a los trabajadores, encerrar a los militares en sus cuarteles y quitarles el derecho al voto que les concedió la Constitución de 1999, por ejemplo”, recuerda el sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas.
“De la noche a la mañana, esas leyes tampoco pueden borrar de la memoria colectiva lo que el antichavismo ha dicho de los militares y sus beneficios o de los trabajadores públicos y su cercanía –voluntaria o impuesta– con el chavismo. Las declaraciones de Guaidó y del antichavismo sobre los militares y los trabajadores públicos no son coherentes las unas con las otras", enfatiza Briceño.
Por otro lado, -agrega- "más allá de si esta ley puede ser efectiva o no, la pregunta de rigor es si el antichavismo tiene una verdadera estrategia que ofrecerle a los militares, a los empleados públicos y a los otros sectores chavismo que es necesario contactar para sumar fuerzas. Una ley, por sí sola, no es una estrategia”.
