Ciudad de México. Frente a un crimen organizado que bate récord de homicidios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá en la reducción de la violencia un reto que parece difícil de sortear a corto plazo, coincidieron en señalar expertos en seguridad.

El naciente gobierno de López Obrador hereda una tasa de homicidios al alza desde 2015 y con una tendencia que hace suponer que al cierre de este año se rebasarán las casi 25.500 muertes de 2017, que era la peor cifra desde que hace dos décadas se lleva registro a nivel país.

"El reto principal que tiene es el crecimiento económico porque es una oferta que provocó el voto de millones. El reto número dos es la seguridad", dijo a Xinhua el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Ernesto López Portillo.

El acelerado crecimiento de la cifra de asesinatos en la segunda mitad de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto llevó a que en sus 6 años de gobierno recién concluido, se acumularan más de 122.300 homicidios, según datos oficiales.

Esa cantidad superó las 102.859 muertes registradas en el gobierno de su antecesor, el ex presidente Felipe Calderón, quien tan pronto empezó su gestión (2006-2012) declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico" y sacó a los soldados de los cuarteles para la ofensiva, que Peña Nieto continuó.

López Obrador basará su política en un plan de seguridad de ocho puntos, entre ellos la creación de una Guardia Nacional, una reformulación de la política prohibicionista de drogas y procesos para desmovilizar delincuentes.

Ahora, en el turno de enfrentar una violencia que lleva 12 años, López Obrador ha sostenido desde su campaña que atenderá sus causas, al observar una falta de oportunidades para los jóvenes y contrario a sus predecesores que no se centrará en el uso de la fuerza.

"No se puede apagar el fuego con el fuego", ha reiterado el presidente emanado del izquierdista partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El anterior gobierno de Peña Nieto capturó y extraditó a Estados Unidos al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el hombre más buscado del mundo, pero no pudo contener la violencia entre los cárteles y la criminalidad producida por las fracturas que la cruzada propinó a las organizaciones.

Tanto él como Calderón enfocaron su estrategia en cazar a los jefes delictivos, lo que derivó en la fragmentación de los cárteles y el surgimiento de bandas que se pelean por controlar delitos como el robo de combustible, sin que las policías locales tengan preparación para acotarlas.

Al buscar soluciones diferentes, López Obrador basará su política en un plan de seguridad de ocho puntos, entre ellos la creación de una Guardia Nacional, una reformulación de la política prohibicionista de drogas y procesos para desmovilizar delincuentes.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contempla tipificar la corrupción como delito grave, así como reducir la pobreza y desintegración social con la idea de que menos gente caiga en la delincuencia, además de respeto a los derechos humanos, recuperación de cárceles y medidas de prevención.

Para el académico López Portillo, el plan anunciado 15 días antes de que asumiera el cargo como presidente López Obrador el 1 de diciembre, todavía tiene que definir la ruta de acción, porque considera que su contenido sólo delinea principios.

 

"No tengo en este momento ningún elemento para anticipar la reducción de la violencia desde ninguna vía", advirtió el experto en políticas de seguridad.

Además de crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el presidente ha dicho que él mismo revisará todos los días a primera hora con su gabinete las incidencias y acciones, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en la década pasada.  

López Portillo expuso que el presidente muestra voluntad para actuar, pero advirtió que contener y transformar la violencia no es una tarea que un hombre pueda hacer solo, porque Calderón también lo intentó.

Planteó que lo que hace falta es que López Obrador ejerza un liderazgo político para reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el órgano mexicano de coordinación de las policías y fiscalías de los tres órdenes de gobierno.

"Un país que no es capaz de construir políticas públicas de reducción de la violencia que tengan un acuerdo de Estado que las soporte en el mediano y largo plazo para que maduren, jamás va a llegar a la seguridad", afirmó el especialista.

El anuncio de la creación de la Guardia Nacional no cayó bien entre el grueso de analistas, académicos y activistas, porque de inicio estará conformada por miles de policías militares, navales y federales, además de que su mando operativo recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La medida reavivó las preocupaciones de que los soldados continúen en tareas de seguridad pública y persistan episodios de violaciones a los derechos humanos, como ocurre desde 2006.

"Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones. Decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas", anticipó López Obrador cuando anunció su plan.

 

Por su parte, el académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut, coincidió en que el presidente muestra voluntad.

Sostuvo, no obstante, que falta que explique su estrategia para romper la colusión entre criminales y autoridades corruptas, algo que dijo alimenta la violencia.

Esa liga ha quedado de manifiesto varias veces en las últimas dos décadas con las detenciones de jefes policiales, alcaldes e incluso un gobernador por sospechas de proteger a narcotraficantes.

Benítez Manaut expuso que la nueva administración tampoco ha mencionado un fortalecimiento de las fiscalías ni sus planes de cooperación internacional, que es necesaria porque el tráfico de armas de Estados Unidos alimenta las peleas de los criminales en México.

"En el corto plazo tiene dos retos: el que no haya un descalabro macroeconómico y el que mejoren los niveles de seguridad", dijo a Xinhua el experto en seguridad nacional y regional.

"Creo que en el corto plazo no va a haber reducción de la violencia, quizá en seis meses, un año, podría haber si es exitoso el plan", abundó.