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Washington y los donantes internacionales le han fallado a Haití
Mar, 17/08/2010 - 10:48

Mark Weisbrot

Cuando los reporteros no dejan que los hechos impidan una buena historia
Mark Weisbrot

Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.

La “comunidad internacional” se encarga de reconstruir a Haiti, y un asunto ya está claro: no le interesa ningún tipo de democracia en este país, ni siquiera bajo el nivel de democracia al cual se han comprometido en Irak y Afganistán.

La Comisión Electoral Provisional (CEP) haitiana ha decidido otra vez que el partido político más grande del país, Fanmi Lavalas, no tiene permiso para participar en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en noviembre próximo. Esta situación equivale a la exclusión del Partido Democrático (de hecho, es un partido aun más significativo) de las elecciones legislativos estadounidenses en noviembre pasado.

Hasta la fecha, no hay ninguna indicación de que la administración de Barack Obama, la cual mantiene -para decirlo suavemente- una influencia enorme sobre el gobierno de Haití, tiene alguna objeción. Apoyaron las ultimas elecciones en abril del 2009, en las cuales también se excluyó a Fanmi Lavalas, aunque la exclusión llevó a un boicot de 90% de los votantes.

Para seguir el hilo histórico: Fanmi Lavalas es encabezado por Jean-Bertrand Aristide, quien asumió la presidencia como el primer presidente del país, electo democráticamente en 1990. Fue derrocado por el ejército siete meses después, en un violento golpe de Estado, en el cual las huellas de Washington estuvieron muy presentes.

El ex presidente Bill Clinton restauró a Aristide tres años después, pero Aristide se sintió ofendido por Washington por, entre otros asuntos, deshacerse del brutal ejercito haitiano, el que no era tanto una fuerza militar sino un instrumento de violencia política de la élite gobernante haitiana.

Paul Farmer, de Harvard Medical School, es el diputado encargado especial de Bill Clinton en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su programa “Partners in Health” tiene a casi 5.000 oficiales en Haiti. Al testificar recientemente en una reunion legislativa, describió los eventos que ocurrieron después de que Aristide y su partido político fueron elegidos por segunda vez, en 2000.

“A partir del año 2000, la administración estadounidense buscaba... un bloqueo bilateral y multilateral contra la asistencia financiera hacia Haití, debido a su oposición a las políticas y perspectivas de la administración de Jean-Bertrand Aristide, el presidente elegido con más del 90% de los votos... Estrangulando la asistencia para el desarrollo y la provisión de los servicios básicos, también le quitó el aire al gobierno, lo cual fue su intención desde el principio: debilitar a la administración de Aristide”.

Fue la segunda administración de Bush la que por fin derrocó a Aristide por segunda vez, a través del golpe de Estado de marzo de 2004. Sin embargo, como nota Farmer, el proceso se inició bajo la administración de Bill Clinton en el 2000. Actualmente, la administración de Barack Obama ha mantenido su silencio en cuanto al exilio forzado de Aristide de Haití, lo cual constituye una violación a la Constitución haitiana.

Imaginemos que Washington ejerce sólo un décimo de su capacidad para destruir a Haití, antes del terremoto, para reconstruirlo después. Sin embargo, seis meses después de la catástrofe, menos del 2% de los 1,6 millones de personas sin hogar, tienen casa. Cientos de miles no tienen nada, y el 80% de las personas sin hogar que tienen algo de refugio, viven bajo carpas donde la tierra debajo de sus pies se convierte en barro cuando llueve. Es que menos del 2,9% de toda la asistencia financiera ha llegado al gobierno haitiano, lo cual hace que la reconstrucción sea casi imposible. Con cientos de miles de niños heridos por el terremoto, los hospitales públicos están cerrando sus puertas.

Las tierras que se necesitan para proveer refugio son las propiedades de los haitianos ricos, quienes mantienen otros planes. El gobierno haitiano tiene la autoridad para recuperar estas tierras, con medidas de compensación adecuadas. La comunidad internacional puede hacer posible todo esto.

Ya es hora de que los miembros del congreso estadounidense asuman un rol de cambio en nuestra política exterior hacia Haití, igual como lo hicieron después del golpe de Estado militar de 1991. El congreso puede asegurar que la asistencia financiera fluya hacia donde más se necesite, que la tierra y el refugio estén disponibles y que a los haitianos se les permita elegir a su propio gobierno. Después de todo lo que ha hecho Washington para castigar a Haití, sería lo mínimo que se puede hacer.

*Esta columna fue publicada en Center for the Economic and Policy Research (CEPR).

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