El gobierno debe destinar fondos adecuados, recomienda la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), tras destacar el escenario de violencia en el país.

Las malas prácticas arraigadas en las investigaciones y las continuas deficiencias en la capacidad técnica aún paralizan los esfuerzos de México para combatir la violencia y la corrupción, así como para responsabilizar a los funcionarios públicos que cometen violaciones de los derechos humanos.

Ello se señala en el informe El Estado de Derecho en México: 11 Años Después de las Reformas de Justicia Penal, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

El documento puntualiza que en los últimos meses varios actos de violencia de alto perfil en México han atraído la atención de los medios nacionales e internacionales, que han destacado los importantes desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno mexicano.

La creciente violencia, junto con la impunidad, advierte la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia penal, porque desde el comienzo del año un promedio de 95 personas al día han sido asesinadas en el país; sin embargo, sólo 5% de los casos de homicidio termina en una condena.

Sin embargo, considera el informe, al cerrar su primer año en el cargo (se cumple el próximo 1 de diciembre), el gobierno de López Obrador tiene una oportunidad para proporcionar al sistema de justicia penal los recursos que necesita para enfrentar estos desafíos.

“El gobierno federal debe proporcionar fondos adecuados para apoyar el sistema acusatorio (...) Los fondos también deben priorizar el entrenamiento de la policía en tareas de investigación, la contratación de más personal en las defensorías públicas y el fortalecimiento de la capacidad forense.

“Los fondos proporcionados para apoyar (a) las instituciones de justicia a nivel estatal deben ser flexibles para dar a los gobiernos estatales cierta autonomía para determinar sus propias prioridades”.

La WOLA reconoció que la transición a los juicios orales ha ayudado a abordar la ineficiencia, la opacidad y la falta de debido proceso que caracterizaron el antiguo sistema; sin embargo, más de tres años después de la fecha límite para completar el sistema de justicia penal, la transición está lejos de completarse, porque las instituciones judiciales y de aplicación de la ley continúan saturadas y carecen de la capacitación y especialización necesarias.

Asimismo, el Congreso federal y varios congresos estatales han propuesto, y en algunos casos aprobado, reformas constitucionales y legales que en su esencia son incompatibles con el nuevo sistema, por lo que la WOLA ve con preocupación reformas recientemente aprobadas que son contrarias a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso, así como otras propuestas pendientes que evocan al antiguo sistema penal inquisitivo.

Por ejemplo, ampliar el número de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y proponer que se dote a la Guardia Nacional de facultades para llevar a cabo investigaciones de delitos sin pasar por el MP.

Otra dificultad para la implementación del sistema de justicia sería que funcionarios no han recibido la capacitación adecuada sobre sus nuevas funciones. En el caso de los policías, el SJP amplió sus facultades para actuar como primer respondiente, asegurar las escenas del crimen y recopilar y preservar evidencia. Sin embargo, es necesario llevar a cabo evaluaciones frecuentes de las policías que participan en tareas de investigación para detectar y corregir cualquier deficiencia, además de que la mayoría de las fiscalías también carece de personal especializado que sea capaz de analizar de cerca los detalles de los casos penales.

Por otro lado, la falta de recursos humanos y financieros dentro de las defensorías públicas también plantea preocupaciones sobre el debido proceso.

“En promedio, cada defensor público en el país representó a 219 acusados en el 2018 (...) Además, está claro que fortalecer las defensorías públicas no ha sido una prioridad para el gobierno federal. En el 2018, estas agencias recibieron menos de 2% del conjunto de recursos asignados a ellas y a los tribunales federales, la Policía Federal, la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad”, señala el informe.