El gremio que agrupa a periodistas y comunicadores independientes del país latinoamericano solicitó al gobierno nicaragüense que devuelva los medios de comunicación que ocupó. Además pidió que se libere inmediatamente a los periodistas que apresó acusándolos de "traición a la patria".

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) demandó este martes al gobierno de Daniel Ortega la devolución de los medios de comunicación que mantiene ocupados, entre ellos el diario La Prensa, el más antiguo del país.

En un mensaje en ocasión del Día Nacional del Periodista, el PCIN también exigió la "libertad inmediata" de los comunicadores Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano, Samanta Jirón y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Hollman.

Estos comunicadores fueron encarcelados en el marco de una ola de arrestos previa a las elecciones generales de noviembre pasado, en las Ortega obtuvo una cuestionada nueva reelección, y acusados por "traición a la patria".

Asimismo, el PCIN demandó "el cese de la persecución contra quienes asumen su derecho a expresarse e informar", y exigió además a Ortega "que devuelvan los medios de comunicación confiscados, así como el cese de las acciones que afectan a la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a la comunicación".

Las autoridades mantienen ocupadas las redacciones del canal de televisión 100 % Noticias, el periódico digital Confidencial y del diario La Prensa, que dejó de circular en su versión impresa tras su registro y ahora circula vía internet.

En su mensaje, el PICN saludó "al periodismo valiente e independiente de Nicaragua, que pese a las dificultades para ejercer nuestro labor, deciden día a día continuar informando".

En ese sentido, rechazaron la sentencia que la Justicia impuso al cronista deportivo Miguel Mendoza y a Miguel Mora, fundador, director y propietario de 100 % Noticias, así como los juicios que se llevan a cabo en contra de otros periodistas.

"Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que esas acciones responden a una estrategia de descrédito, amenazas constantes, persecución y criminalización del trabajo de los hombres y mujeres de prensa que han asumido un rol beligerante de fiscalización del poder estatal", señalaron.