Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe consideran la corrupción como un mal social mundial que no distingue culturas, regímenes políticos o sistemas económicos.

Definen el acto corrupto como "(?) el abuso de una facultad posicional para obtener un beneficio extra posicional, generalmente de orden económico, para el actor o para terceros y una intención de ocultamiento de los hechos (?)"; de lo que -según ellos explican- se entiende, entonces, que la corrupción no es específica del sector público, sino que también involucra los sectores privados y aun comunitario, reconociendo que en los grandes hechos de corrupción, por lo general, están presentes actores del sector privado, y que este mal germina en condiciones tales como el manejo ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, la extorsión, el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo, el compadrazgo y la falta de castigos ejemplarizantes a los hechos de corrupción.

La corrupción no es un mal aislado circunscrito a determinados países o regiones del mundo, sino un fenómeno transnacional que, en las circunstancias más graves se vincula a actividades criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la trata de blancas y otros hechos perversos, por lo general, relacionados con organizaciones delictivas que tienen ramificaciones en muchos países y se apoyan en las novedosas facilidades de las telecomunicaciones y el transporte, que se han desarrollado con la globalización, exponenciando el auge de los sistemas de comercio, del transporte internacional y de los manejos financieros virtuales.

Es un hecho que se presenta con frecuentes escándalos que llegan a desestabilizar instituciones y hasta a los mismos gobiernos, y puede focalizarse en las estructuras del gobierno, afectando su eficiencia y credibilidad; en el poder Judicial con graves daños al Estado de Derecho; en las fuerzas armadas y policiales, debilitando su papel de garantes de la seguridad nacional y la paz; en el poder Legislativo sembrando dudas en la objetividad y eficiencia del proceso de creación de leyes y normas; en el poder electoral, dañando gravemente la institucionalidad democrática; y en el ente contralor, propiciando la impunidad en estos delitos y la pérdida de transparencia en la gestión pública.

El nivel de ocurrencia y aceptación de la corrupción pública, tanto de las instituciones de gobierno y del Estado, como del sistema político democrático, está relacionado con el nivel de desarrollo humano y de madurez política de cada país, y existe una estrecha correlación entre el nivel de capital social y desarrollo humano de un país y el nivel de transparencia en la vida política y en el gobierno.

También es importante señalar que a mayor desarrollo democrático, mayor transparencia en el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones. Por el contrario, es posible afirmar que uno de los mayores daños que puede sufrir la democracia es cuando la corroe el cáncer de la corrupción en todas sus instancias, partidos políticos, instituciones del Estado, burocracia pública, etc.

Por otra parte, la historia de la corrupción nos revela que ésta, con mucha frecuencia, se fomenta y propaga con más facilidad en los regímenes totalitarios y autoritarios, en donde el país marcha al ritmo y estilo impuesto por el dictador o el autócrata, sin respeto por las instituciones democráticas ni las leyes, y con ausencia de organismos idóneos contralores de la gestión pública.

Es por ello que en estos regímenes son más frecuentes los escándalos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y los casos de empresas que, con el favoritismo de altos jerarcas del régimen, se convierten de la noche a la mañana en poderosas organizaciones, gracias a esos puentes dorados que se crean con los centros corruptos de poder.

En el área privada también podemos indicar que la corrupción se genera cuando, por ansias ilimitadas de ganancias e intereses particulares, los entes privados involucrados violan las reglas de la competencia y las leyes de la economía de mercado y otras normas que la regulan; o cuando particulares y entidades, haciendo caso omiso de la transparencia y ética que debe prevalecer en los negocios, perjudican a personas o grupos de personas quienes les han confiado sus negocios.

También se incurre en hechos de corrupción, tanto a nivel privado como público, cuando se actúa afectando el interés planetario, es decir, dañando el sistema ecológico, y cuando, mediante el manejo de la conducta corrupta, se atenta contra la dignidad de las personas, contra el bien común y del interés nacional.

No hay duda de que la corrupción es un flagelo social que revela quiebre de valores y un grave deterioro institucional en los países que la sufren en mayor grado.

Los indicadores de Transparencia Internacional demuestran objetivamente en sus informes anuales la estrecha correlación entre corrupción, subdesarrollo y pobreza; pero también entre corrupción, rentismo y autoritarismo.

*La primera parte de esta columna aquí.

*Esta segunda columna también fue publicada originalmente en ElMundo.com.ve.