Entre 1980 y 2000 unas 600.000 personas fueron asesinadas en Brasil. En América Latina las deficiencias en las instituciones responsables por el control del crimen y las altas tasas de criminalidad implican una pérdida de legitimidad del sistema judicial. Se estima que menos del 10% de los homicidios en Brasil son efectivamente resueltos. Cerca de medio millón de órdenes de presidio no fueron ejecutadas, y los costos de la violencia consumen más del 5% del PIB.

El sistema de prisiones brasileño tiene un déficit de 194.650 alojamientos, considerando la población carcelaria actual de 494.237 presos. La sobrepoblación y la arbitrariedad, un problema presente en varios países de América Latina, redundan en altísimas tasas de reincidencia criminal.

Considerando las especificidades y los avances puntuales, todavía tenemos policías violentas y poco preparadas para enfrentar las nuevas modalidades del crimen, sistemas judiciales selectivos, trabas a la coordinación entre agencias y bajo acceso de la población a mecanismos de resolución de conflictos. En ese escenario, asistimos a un aumento del mercado de la seguridad privada, que contrasta con el encogimiento de las políticas de seguridad pública.

El miedo a la violencia urbana tiene varias consecuencias: reducción del acceso de los ciudadanos a los espacios públicos, criminalización de la pobreza, desconfianza entre las personas.

La presencia de armas de fuego en poder de la población explica la mayor parte de los homicidios. Y es una falacia atribuir esa especie de “vector de la muerte” solamente al tráfico de drogas, dado que más de la mitad de los homicidios obedece a motivos fútiles, pelea domésticas y en el tránsito, que se tornan letales por la presencia de armas de fuego.

Investigaciones han demostrado que buena parte de las armas producidas en Brasil son exportadas a países vecinos. Allí son adquiridas por brasileños y regresadas al país como contrabando. Casi la mitad de los 16 millones de armas que circulan en el país son ilegales (7,6 millones según datos de la Policía Federal brasileña).

En este escenario, cualquier acción que resulte en una disminución de las muertes es bienvenida. Después de la campaña de desarme de 2003, el índice de muertes por armas de fuego cayó en 8,4%, unas 3.000 vidas. Este dato es suficiente para convencera los ciudadanos de la necesidad de entregar sus armas.

Sin embargo, el desarme no es una panacea para resolver los males de la criminalidad violenta en Brasil y en los países latinoamericanos. La  victimización causada por las disputas violentas entre traficantes de drogas exige acciones específicas de los poderes públicos: vigilancia eficaz de las fronteras, combate a la corrupción, represión focalizada del tráfico y mejoras en el sistema de justicia criminal, entre otras.