De acuerdo con Petro, el documento, firmado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; y Educación, Alejandro Gaviria, promovió una discusión que “arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal”.
A través de su Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que la carta que se filtró este fin de semana a varios medios de comunicación, y que contiene los reparos a la reforma a la salud de varios de sus ministros, es cierta. (Lea Uribe pide considerar una consulta popular sobre la reforma a la salud)
Según dijo el mandatario, la misiva “fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello”. La carta, anota, fue el motivo por el que se reunió, posteriormente, con varias EPS.
"Nosotros creemos en el mejoramiento preventivo, del acceso, a las condiciones del recurso humano", dijo el expresidente desde Sincelejo.
De acuerdo con Petro, el documento, firmado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; y Educación, Alejandro Gaviria, promovió una discusión que “arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal”.
“El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria”, apuntó el Presidente.
Para Petro, quien hizo aquella filtración, omitió ese cuadro actualizado. Su contenido es el siguiente:
En su Twitter, además, ratificó su respaldo a la reforma presentada por la ministra de Salud, carolina Corcho: “El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es el del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo”.
¿Qué decía la carta de los ministros de Petro?
Uno de los reparos de los ministros tenía que ver con la repercusión a las finanzas de la Nación que tendría la reforma tributaria. Señalaron que el proyecto, en caso de ser aprobado, tendría “un impacto”.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, la reforma planteada implica un aumento sostenido del gasto. Por ejemplo, se pasa de un gasto de atención primaria de $8.79 billones a $16.89 billones en el primer año de la reforma y, desde entonces, habría un aumento sostenido hasta llegar a $27 billones en 2027. Esto implicaría, en promedio, un aumento en el gasto de $2.5 billones por año.
También habría un claro aumento en gastos por dotación de infraestructura y equipamiento. Se pasa de $1.5 de gasto (sin reforma) a $3.9 billones en el primer año y desde ahí hay un aumento hasta llegar a $5.1 billones en 2030. Bajo estos números, los ministros compararon los gastos entre la reforma propuesta y el modelo mixto, y se habla de un costo mucho mayor con la propuesta de gobierno.
Por otro lado, señalaron que algunos puntos podrían ser problemáticos, pues necesitarían de una consulta previa para llevarse a cabo, debido a que el proyecto modificaría directamente temas relacionados con la prestación del servicio de salud en las comunidades indígenas y en la participación de representantes de estas en el Consejo Nacional de Salud. Estos resaltaron la sentencia C-196 de 2012, que en uno de sus puntos dice “la consulta previa es obligatoria cuando la medida afecta directamente a las comunidades étnicas”.
De acuerdo con los ministros, la ley estatutaria de 1751 de 2015 establece que la salud es un derecho fundamental “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, por lo que “la regulación legal del mismo deberá atender trámites estatutarios constitucionales”.
Los ministros reconocieron que hay algunos puntos de la reforma que son propios de una ley ordinaria, pero otros son estatutarios y, por ende, “el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tenga el carácter de leyes ordinarias”.
Además de estas observaciones, los ministros proponían que se mantuviera el sistema mixto, en el que no se perdiera la participación de las EPS. Al final, como se sabe, el proyecto de Corcho especificó que las EPS podrían gestionar algunos Centros de Atención Primaria (CAP).
Incluso, se pide la modificación de buena parte del articulado del capítulo IV para que se deje constancia de que estas empresas son parte del nuevo sistema mixto de salud.
Por otro lado, pidieron una mayor precisión que el Consejo Nacional de Salud, una de las figuras de la reforma de Corcho, tengan una mayor precisión de sus funciones y se deje claro su carácter “de instancia puramente asesora”. En este mismo sentido, pidieron que se reduzcan las plazas a ocupar en esta instancia.
