El despliegue de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Big Data está reformulando la gestión tributaria en diversas partes del mundo. En el Perú, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal están implementando herramientas tecnológicas que prometen eficiencia, automatización y trazabilidad. Sin embargo, esta transformación también plantea retos regulatorios, éticos y operativos que deben ser abordados desde una lógica de gobernanza de datos madura y responsable.

Desde 2018, la SUNAT utiliza Big Data para detectar incrementos patrimoniales no justificados. En 2023, con su canal virtual, gestionó 45 millones de transacciones. Además, implementó en su plataforma un asistente virtual basado en IA, llamado SOFIA, para atender las masivas consultas de los contribuyentes.

El Tribunal Fiscal, por su parte, ha sustituido su antigua mesa de partes electrónica por una plataforma con funcionalidades más robustas, incluyendo seguimiento digital de expedientes, programación de citas con secretarios y búsquedas de jurisprudencia optimizadas.

Estos avances muestran un compromiso institucional con la digitalización. Prometen eficiencia y transparencia, pero también plantean desafíos que requieren un marco regulatorio para garantizar los derechos de los contribuyentes, como los retos en la calidad de información y la violación de datos.

Para aplicar estas tecnologías como la IA es vital tener datos razonables y suficientes. Un tema ligado a la calidad de datos es el uso de la serie histórica (datos recolectados y usados por la administración muchos años después en una aplicación tecnológica específica). Allí surgen cuestiones como una posible prescripción de la data.

Otro desafío es la violación de datos. Puede ocurrir en una situación legal o ilegal. Un ejemplo en el contexto legal es la reutilización de los datos, que pueden ser recolectados por una empresa o entidad para cierto propósito y luego utilizados para fines distintos. La situación ilegal es directamente el robo de datos.

La administración tributaria enfrenta así un doble desafío: por un lado, seguir avanzando en digitalización y automatización; por otro, construir capacidades institucionales que aseguren una gestión ética, segura y legal de los datos. La transformación digital no puede limitarse a la implementación de soluciones tecnológicas: requiere una arquitectura de gobernanza de datos sólida, interoperabilidad entre sistemas públicos y un marco regulatorio que proteja tanto la eficiencia como los derechos de los ciudadanos.