Tras la falta de apoyo en el Congreso a esas reformas, el mandatario colombiano anunció esta medida.
Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía de Ecuador (CEDE) señala que el país mantiene contratos con 51 empresas por US$ 1.171 millones y que podrían hacer demandas por daños y perjuicios al gobierno de Guillermo Lasso si se aprueba la consulta popular que denegaría la explotación del bloque 43.
Si bien el fallo de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular estableció el plazo de un año para cerrar las operaciones del campo, en caso de ganar el Sí, el gerente de Petroecuador comentó que en ese tiempo no sería posible paralizar la actividad y que si se cierra el bloque 43-ITT afectaría la credibilidad del país ante inversionistas extranjeros que buscan desarrollar proyectos a largo plazo.
La consulta popular, en la que los ecuatorianos deberán responder "sí" o "no", se realizará el próximo 20 de agosto en el país junto con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, tras un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
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