En su dictamen de mayoría la Corte indicó que el decreto “no constituye per se una norma de urgencia económica al tenor de lo requerido en el escenario excepcional previsto en el artículo 148 de la Constitución”.

La Corte Constitucional ha atado de pies y manos o ha mandado al congelador al Gobierno de Ecuador, que tendrá que conformarse con realizar actividades administrativas del día a día y no preocuparse por el futuro del país, en los siguientes meses del año. El pronunciamiento de la Corte pone en duda, además, el éxito de otros decretos que el Gobierno tenía en carpeta. Así lo consideran expertos tras conocer que la Corte no dio paso al decreto ley de Desarrollo Productivo, también conocido como de Zonas Francas.

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la Corte le ha cerrado la puerta al Gobierno para que pudiera hacer cualquier reforma de fondo y, por tanto, los próximos proyectos que tenía en mente -Mercado de Valores, Finanzas Públicas- no tendrían cabida, dice.

Es que la Corte, que tenía que verificar el tema de la constitucionalidad de los decretos, en el caso del decreto de zonas francas, no solo se ha pronunciado sobre la constitucionalidad, sino también sobre si se trata o no de un tema urgente en materia económica.

En su dictamen de mayoría la Corte indicó que el decreto “no constituye per se una norma de urgencia económica al tenor de lo requerido en el escenario excepcional previsto en el artículo 148 de la Constitución”, ello con base en que este no cumpliría el criterio de inmediatez de los efectos económicos de las medidas planteadas en relación con “las circunstancias apremiantes”. Por las implicaciones que conlleva para el modelo económico a largo plazo, la Corte estima que la normativa propuesta requiere de un apropiado y exhaustivo debate técnico-parlamentario, en el que puedan participar distintos sectores.

La Corte entonces entiende que lo económico urgente no tiene que ver con nada de fondo. Para Acosta Burneo, al Gobierno no le quedan caminos para sortear este nuevo problema y más bien le tocaría solamente continuar gobernando el día a día en temas administrativos. “El problema es que encima de la Corte no hay nada, por lo que no puede hacer nada más que esperar que se acabe el mandato”. Posiblemente podría intentar tal vez un decreto que se había anunciado sobre la necesidad de enfrentar el fenómeno de El Niño, el cual más bien es una ley de quiebras, con la cual se buscaría que el sector productivo pueda superar las pérdidas generadas por el siniestro.

Según Acosta Burneo, lo que ha sucedido con la muerte cruzada no es lo que esperaba el Gobierno que en un principio se planteó que podría llevar adelante una administración ya sin el peso de la Asamblea. Más bien, sin Asamblea, el Gobierno queda limitado, pues ya no hay este filtro de este colegislador, sino que queda el filtro de la opinión pública, que es mucho más estricto y diverso. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo entre millones de ciudadanos.

También comenta que la Corte con este pronunciamiento acaba de establecer un precedente en el sentido de que la muerte cruzada a futuro puede ser un mecanismo para bajar tensiones, pero en el cual el Gobierno renuncia a cambios profundos, estructurales. “Entra en una suerte de congeladora, donde la inversión, el consumo, se detienen. Además entramos a periodos electorales seguidos, que aumentan la incertidumbre. Esto no es un momento beneficioso para nadie”, asegura Acosta.

Entre tanto, Napoleón Santamaría, analista económico, coincidió en que la Corte Constitucional con su pronunciamiento sobre el decreto de zonas francas le dice al gobierno de Guillermo Lasso que ya no piense en el país, que solo se dedique a atender los temas urgentes de su gobierno. Que nuevas leyes para el desarrollo nacional son tareas del nuevo presidente y nueva asamblea.

De acuerdo con Santamaría, los argumentos de la Corte son que el decreto:

• No es urgente,
• El Gobierno en este momento excepcional no está en la capacidad de pensar en el país.
• El Gobierno debe limitarse a temas puntuales esenciales y urgentes que deban ser atendidos en el corto plazo.

De acuerdo a Santamaría, este es un “mensaje peligrosísimo” que da la Corte al Gobierno de que no debe preocuparse del futuro del país, sino delegar y transmitir el poder al nuevo gobierno. “Penoso para el país”, dijo.

Sobre el tema, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, lamentó la decisión de la Corte. Explicó que el tema de inversión era esencial para el plan de Gobierno. Y recordó que es la tercera vez que el Gobierno intenta enviar esta propuesta normativa. La primera vez la envió en octubre del 2021, pero no fue aceptada. Un segundo momento fue en febrero del 2022 cuando se envió solo el tema de inversión. Para finalmente volver a acortarlo, ahora solo sobre zonas francas.

Expuso que había empresarios listos para invertir apenas se concretara la ley, pero que ahora estas iniciativas quedan paradas. Sostuvo que es un error de la Corte considerar que no son urgentes las inversiones porque se podrá ver su consolidación en el mediano y largo plazo. Añadió que desde el mismo momento en que se conoce que hay una ley clara y atractiva, los inversionistas empiezan a moverse en planes, en proyectos, en las fases preoperativas. Se empieza a generar entusiasmo en torno a las inversiones, comentó.

La Corte Constitucional emitió el viernes pasado dos pronunciamientos sobre los decretos leyes enviados por el Gobierno. Sobre el primero, que trataba en torno a la baja de impuestos a los ciudadanos, dio luz verde. Sin embargo, negó el tema de zonas francas. En estos días, el Gobierno enviará al Registro Oficial el decreto de impuestos que pasaría a ser ley de la República, como lo establece la Constitución, dentro de este periodo de muerte cruzada. Hasta este 19 de junio, el texto no había sido enviado al Registro Oficial.