Hay preguntas elementales sobre lo que ocurre en Siria que no suelen formularse en los medios de comunicación. La más elemental gira en torno a la legalidad del ataque liderado por los Estados Unidos. Según la Carta de la ONU, el uso de la fuerza sólo es legal bajo dos circunstancias: en defensa propia ante un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad, con el fin de neutralizar amenazas contra la paz y la seguridad internacionales. Este ataque no está comprendido bajo ninguna de esas categorías, razón por la que no cuenta con amparo bajo el derecho internacional.

Pese a ello, podría argumentarse que el empleo de armas químicas constituye un crimen de guerra y que si la respuesta dependiera de una decisión del Consejo de Seguridad, esta jamás llegará porque el gobierno ruso protege a su aliado sirio a través del veto. Hay dos problemas con ese argumento. El primero es que, al momento de lanzarse el ataque, aún no existía una investigación independiente que estableciera qué tipo de armas se emplearon en Duma y quién las empleó. En segundo lugar, si de crímenes de guerra se trata, sólo alrededor del 1% de las víctimas civiles en Siria fueron asesinadas con armas químicas: la abrumadora mayoría de ellas murieron por el empleo de armas convencionales.

A eso se podría responder diciendo que, a diferencia de las armas convencionales, las químicas son armas indiscriminadas por naturaleza y existen normas de derecho internacional que prohíben su empleo. Eso es cierto, pero hasta septiembre de 2017, la ONU había constatado el uso de armas químicas en Siria en 33 ocasiones, y si bien en 27 de ellas su empleo fue atribuido al régimen sirio, también existen casos atribuidos al Daesh. Ello suscita dos reflexiones. La primera es que, si bien de comprobarse el uso de armas químicas el principal sospechoso sería el régimen sirio, ello no sustituye la necesidad de una investigación independiente antes de atribuir responsabilidades. La segunda es que sólo dos de esos 33 casos de empleo de armas químicas han sido objeto de represalias por parte de los Estados Unidos. Es decir, el empleo de armas químicas no puede ser la única explicación de los bombardeos en Damasco y Homs, dado que en la gran mayoría de casos su empleo permaneció impune.

Existen otras razones para dudar de las motivaciones de la Administración Trump al decidir este ataque. Según Phyllis Bennis (analista del Institute for Policy Studies), los bombardeos aéreos sobre Siria, lanzados por los Estados Unidos en su combate contra Daesh, causaron la muerte de entre 3.600 y 5.600 civiles. También están acusados de cometer crímenes contra civiles las diversas milicias a las que ese país respaldó de modo sucesivo en Siria. Nada de lo cual sugiere que el bienestar de la población siria sea la principal prioridad de sus acciones en ese país.

Queda poco espacio para especular sobre otras motivaciones probables tras esa acción. Por ejemplo, que en esta ocasión los perpetradores serían rivales de los Estados Unidos, a diferencia de los casos saudí en Yemen o israelí en Gaza. O que el régimen sirio adquirió armas químicas como un medio de disuasión frente a un rival provisto de armas nucleares (Israel), no como un medio para reprimir a población civil.