Gandhi dijo: “En asuntos de conciencia, la ley de la mayoría no tiene lugar”.

La semana pasada escribí criticando la propuesta de Cipriani en la que pide se convoque a un referéndum para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El argumento central de mi posición es que el ejercicio de derechos individuales como la libertad no puede quedar sujeto a la decisión de la mayoría. Admitir lo contrario sería abrir la puerta al totalitarismo mayoritario que conlleva el riesgo de arrasar con los derechos individuales.

Hubo todo tipo de reacciones. Quienes suelen criticar las posiciones de esta columna sobre temas económicos estaban sorprendidos con mi crítica a Cipriani. No solo coincidían con ella, sino que no entendían cómo podían coincidir conmigo. “No entiendo cómo puedo estar de acuerdo con Bullard”, rezaba, a título de ejemplo, un tuit.

Por otro lado, varios de los que suelen coincidir con mis posiciones en asuntos económicos discrepaban con mi posición sobre la libertad en la elección sobre la orientación sexual. Algunos consideraban mi posición como “acaviariada” y otros la calificaban como libertinaje.

Los dos bandos anotaban que era inconsistente.

Lo cierto es que ser liberal implica, para no ser inconsistente, respetar dos premisas simples pero aparentemente difíciles de entender. La primera es que cada quien debe ser libre de definir su destino. La segunda, que la libertad solo puede ser limitada para evitar que se dañe el derecho de otro. Las dos premisas son válidas para todas las esferas de la vida: los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos.

No es válido el uso de la coerción (el Estado) para impedir que uno ejerza una opción sexual, exprese una opinión, profese una religión, se mueva por donde quiera, vote por quien le parezca, compre, consuma, venda lo que le provoque o use su propiedad de la manera que considere conveniente. Lo que la mayoría decida sobre ello no es relevante. Solo si alguno de estos ejercicios daña el derecho de otro se justifica una acción para limitar la libertad.

La regulación de cualquier tipo no puede tener otro fundamento: no se puede considerar dañar un derecho al hecho de que a alguien no le guste algo. Mucha gente llama daño al perjuicio que le causa su propia intolerancia. La tolerancia es un principio básico para distinguir un verdadero daño del simple disgusto con el ejercicio de la libertad ajena.

Prohibir que una persona pueda casarse con alguien de su mismo sexo es tan poco liberal como impedir que exprese su opinión o que ejerza la libertad de comercio o de consumo. Regular sin demostrar que un ejercicio de libertad daña a un tercero es finalmente expropiar un derecho sin justificación.

Es esquizofrénico asumir la libertad como la base de la dignidad del hombre para unas cosas y no para otras. Es una esquizofrenia común pero inconsistente. La regulación estatal que no se base en las dos premisas señaladas es mala, al margen de qué derecho individual estemos hablando.

John Locke decía: “La gente no puede delegar en el Estado el poder de hacer algo que sería ilegal hacerlo por ellos mismos”. De la misma manera como ningún ciudadano puede irrumpir en mi matrimonio para que no me case con la persona que amo, ni puede tomar mi propiedad sin mi consentimiento sin cometer un robo, un conjunto de ciudadanos agrupados tras el Estado bajo la alegación de que son una mayoría no puede hacer ninguna de las dos cosas. Socializar la propiedad pero liberalizar el derecho a casarme es tan incoherente como socializar el derecho a casarme y liberalizar la propiedad.

El respeto de la libertad es un principio. La coherencia es la capacidad de seguir los principios cuando nos gusten y cuando no nos gusten.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.