Los noticieros internacionales han prestado mucha atención a Rumanía en semanas recientes, por las enormes protestas contra la corrupción que han tenido lugar en ese país.

Éstas comenzaron cuando la coalición gobernante, encabezada por el Partido Socialdemócrata (PSD), emitió un decreto que despenalizaba ese delito siempre que el monto de lo desviado no rebasara los 200 mil lei (US$48 mil).

El decreto, que no pasó por el parlamento, tenía el propósito expreso de reducir la sobrepoblación carcelaria del país, pero fue percibido por la población como una maniobra para levantar el impedimento que tiene el líder del PSD, Liviu Dragnea, para ejercer el cargo de primer ministro.

Dragnea fue miembro del gabinete del primer ministro Victor Ponta (2012-2015), a quien sucedió como presidente del partido. Debía convertirse en jefe del gobierno rumano luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2016, pero se lo impidió una sentencia por fraude y corrupción cometidos mientras se desempeñaba como titular de un consejo regional.

Por esa razón, el cargo de primer ministro recayó en Sorin Grindeanu, otro miembro del PSD, quien ahora enfrenta la furia de los rumanos por intentar despejar el camino a Dragnea.

Ni siquiera la cancelación del decreto ha hecho disminuir la fuerza de las protestas, que, a pesar de las bajas temperaturas que han azotado Rumanía este invierno, han llenado la Plaza de la Victoria de la capital Bucarest.

Los rumanos parecen estar dispuestos a mantener las manifestaciones para impedir que el gobierno busque otras vías para frenar el combate a la corrupción.

Cuando se integró en la Unión Europea, hace siete años, Rumanía tenía uno de los peores niveles de corrupción en el continente.

Sin embargo, a partir de entonces se reforzó la acción de una institución que ha sido fundamental en el combate al problema: la Direcţia Naţională Anticorupţie o DNA.

En mayo de 2013, llegó a la titularidad de la DNA Laura Codruța Kövesi, quien había sido la procuradora general del país entre 2006 y 2012.

Bajo su dirección, la DNA ha tenido logros enormes. La fiscal ha logrado la consignación de alrededor de dos mil funcionarios públicos, entre ellos decenas de alcaldes, jueces, cinco diputados y el exprimer ministro Adrian Năstase, quien gobernó el país entre 2000 y 2004 y fue condenado en 2014 a cuatro años de prisión por aceptar sobornos.

El trabajo de la fiscal Kövesi no ha estado libre de controversias. Ha sido señalada de usar el espionaje telefónico y otros métodos rudos o poco ortodoxos para investigar y sacar confesiones.

El propio exprimer ministro Ponta, quien está siendo investigado por lavado de dinero y evasión fiscal, ha acusado a Kövesi de ser “una fiscal completamente antiprofesional que trata de forjar un nombre inventando e imaginando hechos”.

Otros se han quejado de que la DNA se ha vuelto un émulo de la Securitate –la policía secreta de los tiempos del dictador comunista Nicolae Ceaușescu– por la forma en que espía y filtra a los medios la información recabada. 

Lo cierto es que la fiscal anticorrupción tiene un grado de eficiencia de 92% en sus acusaciones. 

Vale la pena revisar el caso rumano a la luz de lo que ocurre en México.

Este país está en proceso de elegir un fiscal anticorrupción, que es la única pieza que falta para un sistema que ya cuenta con un Comité de Participación Ciudadana.

Por desgracia, el Senado de la República incumplió los plazos establecidos para que las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentaran el listado de los candidatos elegibles a ser fiscal.

Hay una lista de 31 candidatos, que ya tendrían que haber sido entrevistados, para de ahí dar a conocer, ayer, a un grupo de aspirantes idóneos. Pero el proceso está detenido porque, al parecer, ninguno de ellos gusta a los senadores como figura mediática e incluso como propuesta de consenso.

El retraso puede tener un lado virtuoso: hacer conciencia entre la ciudadanía del tipo de fiscal anticorrupción que requiere el país.

Puede ser alguien que tenga la mano suave o dura, pero lo importante es que ayude a reducir el mal y alivie el malestar ciudadano que, a diferencia de lo que sucede en Rumanía, todavía no llega a las calles de forma masiva.

*Esta columna fue publicada originalente en Excélsior.com.mx.