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El Chapo, el Estado y el crimen organizado
Vie, 15/02/2019 - 10:28

Leo Zuckermann

¿Puede comprarse el voto en México?
Leo Zuckermann

Leo Zuckermann es analista político y académico mexicano. Posee una licenciatura en administración pública en El Colegio de México y una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford (Inglaterra). Asimismo, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde es candidato a doctor en ciencia política. Trabajó para la presidencia de la República en México y en la empresa consultora McKinsey and Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente es profesor afiliado de la División de Estudios Políticos. Su columna, Juegos de Poder, se publica de lunes a viernes en Excélsior, así como en distintos periódicos de varios estados de México. En radio, es conductor del programa Imagen Electoral que se trasmite en Grupo Imagen. En 2003, recibió el Premio Nacional de Periodismo.

El jurado deliberó y encontró culpable a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. En unos cuantos días, el juez de la causa lo sentenciará a cadena perpetua. Pasará el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad. Esto ocurrió en Estados Unidos, a pesar que la gran mayoría de los delitos del otrora capo del Cártel de Sinaloa se cometieron en México. Lo que nuestro país nunca pudo hacer, Estados Unidos lo logró en un par de años: los fiscales presentaron toneladas de pruebas que convencieron a un jurado sobre la culpabilidad de Guzmán, en la presencia de un juez que aseguró el derecho al debido proceso del inculpado.

Policías, fiscales y jueces mexicanos simple y sencillamente nunca pudieron procesar judicialmente a El Chapo, quien -durante los largos, tediosos y opacos procesos que tuvo que enfrentar en nuestro país- se fugó de dos penales supuestamente de alta seguridad. Una muestra más de la debilidad de nuestro Estado.

En todos los países democráticos -incluso en aquellos donde hay Estados con gran autonomía y capacidades como Japón, Reino Unido, Alemania o Canadá- hay crimen organizado. Comprobado está que, cuando existe algún tipo de actividad prohibida por la ley, aparecen individuos dispuestos a ofrecer esos bienes o servicios prohibidos. La delincuencia organizada es, en este sentido, un desafío para todos los Estados. Y todos, de alguna manera u otra, administran este problema. Tácita o explícitamente existen arreglos. Se les tolera, por ejemplo, vender drogas en ciertas zonas a cambio de no meterse en el “negocio” del secuestro o la extorsión. Cuando algunos de estos delincuentes se pasan de la raya, el Estado tiene que demostrar que es más fuerte y que está por encima del crimen organizado. De lo contrario, los criminales se van apoderando de cada vez más territorio hasta convertirse en las autoridades de facto.

Estados Unidos ya condenó a cadena perpetua a El Chapo. Sin embargo, hoy, se sigue traficando la misma cantidad de drogas que el día anterior a que lo condenaran. Nada ha cambiado. El Cártel de Sinaloa, con nuevos líderes, continúa exportando sustancias prohibidas al vecino del norte. Entonces, ¿para qué tanto argüende?

Precisamente, para enviar el mensaje de que los mafiosos no están por arriba del Estado. Nuestro vecino se gastó nada menos que 55 millones de dólares en procesar a El Chapo. No lo mató, sino que lo capturó (fue la DEA la que realmente lo hizo, según trascendió en el juicio), lo enjuició (respetando sus derechos humanos) y ahora lo encarcelará de por vida. El narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, decía que prefería una tumba en Colombia que una celda estadunidense. Le cumplieron su deseo. El Chapo, en cambio, vivirá el resto de sus días seguramente en una de las prisiones más despiadadas del mundo, la ADX Florence, en Colorado, que está bajo la tierra.

Cuando estudiaba mi posgrado en Nueva York, me tocó ver el juicio de las autoridades federales de EU en contra de John Gotti, jefe de la familia mafiosa más importante de esa ciudad, los Gambino. Gotti había enviado a asesinar, en pleno de centro de Manhattan, a la salida de un famoso restaurante, a Paul Castellano para quedarse con el liderazgo de su familia. Desde entonces, el gobierno estadunidense le puso el ojo. No podían permitir que los mafiosos se agarraran a balazos en las calles de la capital financiera del mundo, sede de las Naciones Unidas.

A Gotti le gustaba presumir su poder y riqueza. Armado de un ejército de abogados, se burló varias veces de las autoridades. Le llegaron a decir Don Teflónporque todas las acusaciones se les resbalaban. Tres veces salió libre de cargos (en una ocasión, se sabría posteriormente, por haber sobornado a dos jurados). Toda una afrenta para el Estado. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Justicia no cejaron en su empeño de encarcelarlo. Le fueron armando un expediente para procesarlo por más crímenes. Con órdenes judiciales, lo grabaron. Tardaron años, pero, al final, lo capturaron y procesaron. Un jurado lo encontró culpable de 14 delitos de asesinato, evasión de impuestos y extorsión. Murió en una cárcel de alta seguridad en Illinois.

¿Se acabaron los jugosos negocios de la mafia neoyorkina por la caída de Don Teflón? Desde luego que no. Otros tomaron su lugar. Pero sí entendieron el mensaje: que hay límites que no se pueden rebasar porque, de lo contrario, el Estado usa su poder, que es mayor al de los criminales. Eso es lo que no hemos logrado en México con nuestro Estado debilucho.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.

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