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El olvido sirio
Lun, 20/03/2017 - 09:33

Farid Kahhat

Las buenas noticias que trae el fallido atentado a Times Square
Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.

Esta semana se cumplen seis años de las protestas que antecedieron el inicio de la guerra en Siria. Existen razones válidas para explicar por qué esa guerra recibe hoy menor atención en los medios. De un lado, con la caída de la ciudad de Aleppo en poder del régimen sirio y las negociaciones que este sostiene con parte de la oposición armada, ha tendido a menguar la intensidad de los combates. De otro lado, actores externos otrora enfrentados (V., Estados Unidos, Rusia y Turquía), ahora coordinan sus acciones en contra de un enemigo común: el autoproclamado Estado Islámico.

Pero existen múltiples informes recientes sobre violaciones al derecho internacional humanitario en Siria que ameritan nuestra atención. Por ejemplo, la investigación del Atlantic Council denominada “Breaking Aleppo”, basada en imágenes satelitales, cámaras de seguridad, testimonios, e imágenes propaladas por la cadena oficial rusa RT. Sus conclusiones contradicen la versión del gobierno ruso según la cual sus bombardeos no dañaron los hospitales del este de Aleppo (entonces bajo control de la oposición armada). También encuentra evidencia del empleo en esa ciudad de armas indiscriminadas, como bombas incendiarias y de racimo (estas últimas prohibidas por una convención internacional). El reporte de Atlantic Council coincide además con los hallazgos de un reporte de Human Rights Watch, según el cual el régimen sirio empleó gas de cloro en zonas urbanas de Aleppo al menos en ocho ocasiones durante el año 2016. El empleo de gases tóxicos como armas de guerra está prohibido por la Convención sobre las Armas Químicas.

No es casual, por ende, que 2016 fuera, según un informe de la Unesco, el año en el que se produjo el mayor número de muertes entre menores de edad como producto de la violencia política. Ello se explica por el hecho de que la zona oriental de la ciudad de Aleppo contenía hasta diciembre pasado el mayor número de civiles bajo cerco militar en todo el país. El cercar por la fuerza áreas civiles es una práctica que han llevado a cabo todos los bandos en el conflicto sirio, pero no en igual proporción: según el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Stephen O’Brien, había en 2016 unas 974.000 personas bajo asedio, de las cuales unas 850.000 fueron cercadas por el régimen sirio. Las proporciones se invierten cuando hablamos del reclutamiento de menores de edad como combatientes (crimen que perpetran en mayor medida las facciones de la oposición armada): según la Unicef en 2016 se reclutó como soldados el mayor número de menores de edad desde el inicio de la guerra (cuando menos 851). Finalmente, en febrero pasado también se hizo público un reporte de Amnistía Internacional, según el cual hasta 13.000 presos (en su mayoría civiles) habrían sido ejecutados sin juicio en las cárceles del régimen sirio entre 2011 y 2015.

El último dato no proviene de una investigación independiente, sino de una confesión de parte: tras haber sostenido que no emplearía uranio empobrecido en Siria (y, ante consultas de la prensa, haber negado su uso), el vocero del Comando Central de los Estados Unidos, Josh Jacques, admitió el empleo de miles de municiones que contenían ese material. Ello pese a que la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define el uranio empobrecido como “un peligro radiactivo para la salud”.  

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