Desde siempre -pasando por la Colonia, la Reforma y la Revolución de 1910-, los niños trabajadores ocuparon un lugar especial en los procesos productivos, sobre todo en las faenas agropecuarias y en las minas, donde se originaba la mayor parte de la riqueza nacional. En los tiempos que corren ahora, ellos también se ubican en el comercio, los servicios, la industria, la construcción y en otras actividades económicas.

En México hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 32.8% de la población total. Se trata de un sector de la población muy importante para considerar cualquier estrategia de desarrollo económico. Este dato explica, en parte, el “bono demográfico”, hecho benéfico, pero transitorio, que se da cuando la población en edad de trabajar -entre los 14 y 59 años de edad- es mayor a la población (teóricamente) dependiente (niños y ancianos); pero existen los niños trabajadores y los ancianos que continúan trabajando, por lo que no a todos niños y ancianos se les puede considerar “dependientes”.

¿A qué grupo de edad me refiero cuando menciono a los niños trabajadores de México? A los que se encuentran entre los 5 y los 17 años, varones y hembras. El último dato que nos ofrece el INEGI, es impresionante: casi 2.5 millones en 2015 conformaban esa fuerza laboral, siendo 70% niños y 30% niñas. Esto significa que las actuales tasas de ocupación infantil son de 11.5% en niños y de 5.2% en niñas. Hay estados de la república, los más atrasados obviamente, que registran tasas muy por arriba de las ya referidas.

De acuerdo con la OIT, en el mundo hay aproximadamente 168 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años que trabajan; de ellos, cerca de 12.5 millones habitan en América Latina y el Caribe. Vivimos en una situación inadmisible en escala mundial.

La Ley Federal del Trabajo señala que la jornada laboral de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de tres horas. Pero los últimos datos duros del INEGI indican que tres de cada diez (27.5%) niñas y niños en “ocupación no permitida” laboran hasta 14 horas a la semana, 24.7% trabaja más de 14 a 36 horas y 27.1% sobrepasa las 36 horas. Estamos obviamente frente a unas jornadas fatigosas y peligrosas para estos niños trabajadores.

¿Y cómo andan sus ingresos? Hay que resaltar que el 43% no recibe ingresos; el 29 % recibe hasta un salario mínimo; 19% recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos. Los que ganan más de dos salarios mínimos apenas son el 8%. Esos infantes son mano de obra barata que, o no son remunerados, o sus salarios son inferiores a los de las personas adultas. Jornadas excesivas, salarios nulos o bajos salarios, expresan la vil precariedad de esta masa laboral infantil.

¿En estas condiciones asisten a la escuela los niños trabajadores? De no creerse, pero el 63% sí asiste (sin ponderar la calidad y las condiciones de la educación recibida) y el resto, el 37%, de plano no va a la escuela. El círculo vicioso de la pobreza y el trabajo infantil se reproduce sin pausa: por bajos ingresos familiares los niños trabajan, lo cual les impide estudiar (deserción escolar) o poco y mal; así, llegan a la adultez con ingresos bajos y la historia se repite en la siguiente generación. No hay duda: “infancia es destino”, como sostenía el psicoanalista mexicano Santiago Ramírez; en efecto, el trabajo infantil, que en el corto plazo parece ser una salida de la pobreza de sus familias, no es más que un factor que la transmite de generación en generación.

¿Algo más en este trazo impresionista de las masas infantiles laborantes en México?

Sí, ahora hay 1.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan quehaceres domésticos en “condiciones no adecuadas”: una tasa de 5.7 %; 5.5 de cada 100 niños y 6.0 de cada 100 niñas de 5 a 17 años viven en esta situación. Vale subrayar que este tipo de trabajo doméstico es: “el conjunto de actividades domésticas que ponen en riesgo, afectan la salud o desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”, sin olvidar que éstas se desarrollan en un medio perjucicial para la salud, que supone la manipulación de equipos peligrosos o cargas pesadas, en lugares de alto riesgo, o bien, en horarios prolongados. Por lo mismo, estamos frente a un grupo social vulnerable, cuyo perfil cabal es necesario delinear y explicar permanentemente.

Hay, afortunadamente, consenso social y moral en vislumbrar la infancia como una etapa de la vida que requiere de especiales cuidados; su condicion laboral -impuesta por circunstancias adversas- va en detrimento de sus derechos porque atenta contra su educación y salud mental y física. Y esto sí tiene un remedio.

¿Por dónde comenzar para erradicar gradualmente, pero de forma sostenida, esta conmovedora problemática social endémica? Estando presente en varias etapas del desarrollo económico del país, la amplitud y agudizamiento actuales del trabajo infantil deben conducir a una nueva política social de Estado (más allá de los programas sexenales); teniendo como eje el combate a la pobreza en todos sus niveles, donde los bajos salarios, el exiguo crecimiento económico, el desempleo, el subempleo y el desempleo disfrazado, son los primeros causantes directos, pero no únicos, de esta situación.

Las políticas públicas futuras de un nuevo Estado Benefactor tienen que estar orientadas a a abolir el trabajo infantil. Pero esto no implica posicionar exclusivamente a éste en esta magna tarea. Otros actores sociales y políticos deben entrar en acción: organizaciones civiles y religiosas y, por supuesto, los partidos políticos. Se tiene que considerar asimismo la eventual participación de organizaciones internacionales (ONU, UNICEF, OCDE, CEPAL, Banco Mundial, FMI, OIT, etc.) en la realización de diagnósticos integrales y multidisciplinarios sobre este asunto, y quizá también en la capacitación técnica de los individuos (funcionarios de gobierno y voluntarios) que se avoquen a estas arduas misiones de redención social.

Cuando el gobierno de Peña Nieto reformó en 2014 el artículo 123 para elevar la edad mínima legal de admisión al empleo de 14 a 15 años, se dio un apoyo (injustificado) a los empleadores que contratan mano de obra de chamacos entre 15 y 17 años, sin diseñar simultáneamente varias políticas públicas para mitigar su situación precaria: lejos del estudio y, por lo tanto, del aprovechamiento pleno de sus potencialidades juveniles.

Así, esta reforma constitucional, de apariencia progresista -que no lo es-, contraviene el artículo 4 constitucional que claramente establece, entre otros preceptos, que: a) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; b) El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; c) El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

¿Y qué decir de las nuevas metas de educación obligatoria? Lo mismo, éstas se contradicen con la reforma constitucional peñista al artículo 123. En efecto, desde 2012 se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, la cual inició con el ciclo escolar 2012-2013, suponiendo que alcanzará su plena vigencia hasta 2021-2022. Y, desde 2013, se asume que el Estado también debe garantizar la calidad en esa educación obligatoria.

En suma, legalizar, por una parte, un tipo de trabajo juvenil y, por la otra, dizque garantizar constitucionalmente los derechos infantiles-juveniles y, además, establecer la educación obligatoria hasta el nivel medio superior (la “prepa”), es una inconsistencia jurídica impropia, producto de la genuina demagogia populista del actual gobierno. Que esos chavos trabajen duro, vayan a escuelas de calidad dudosa y que se simule respetar sus derechos humanos, conforman una hipocresía que exhibe simulación y afanes cosméticos de Peña Nieto en esta materia.

La agenda de todos los candidatos presidenciales tiene que incluir -en el inventario de los grandes problemas nacionales- el degradante trabajo infantil y juvenil. El tema ya está muy estudiado, incluso podríamos decir que hasta sobre diagnosticado. Revisar el actual sistema laboral depredador, será crucial en una nueva etapa histórica en la que podríamos entrar a partir de 2018. Es obvio que hay y habrá restricciones financieras para alcanzar ciertas metas a favor de este grupo vulnerable. Se dará un paso adelante si el trabajo infantil tiene una partida segura en el gasto público (programable), con metas puntuales y evaluables, cuya ejecución debería recaer en instituciones y políticas públicas coherentes, claramente orientadas a aminorar esta pandemia social en un cierto horizonte temporal, creíble y realista.