En marzo de 2013 la senadora demócrata Elizabeth Warren sostuvo un debate sobre el salario mínimo con la comisión de trabajo y pensiones de EE.UU. Apoyada en un documento de investigación de Arindrajit Dube de la Universidad de Massachusetts, arguyó lo siguiente: “si nos remontamos a 1960 y suponemos que el salario mínimo creció en la misma magnitud que la productividad, hoy el salario mínimo tendría que ser de US$22 la hora, en lugar de US$7,25. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los otros US$14,75? ”. La senadora estaba buscando incrementar el salario mínimo no a US$22 la hora, sino solamente a US$9. Ninguna de las respuestas de los presentes pudo contra la contundencia del argumento.
Tomando el ejemplo anterior, los aumentos de la productividad no se reflejaron en aumentos en los salarios por que no existen mecanismos formales que distribuyan las ganancias de la economía entre los factores de la producción. El salario mínimo es un instrumento de remuneración que opera en el sentido opuesto, es decir, genera mayor desigualdad que distribución equitativa. Por otra parte, existe un mecanismo de repartición de las ganancias denominado distribución de rentas que no está formalizado y únicamente sucede por decisión del dueño del capital.
El salario mínimo se instrumentó a principios del siglo 19 debido a los abusos causados por el capitalismo y su objetivo fue garantizar una retribución mínima al trabajo pero suficiente para el desarrollo humano. Independientemente de su efectividad histórica, en la actualidad el salario mínimo ya no cumple una función retributiva y menos aún, de protección al ingreso de las familias. No es retributivo porque no compensa el valor generado por el trabajo si se compara con las ganancias corporativas. Está comprobado que el salario mínimo ha generado mayor desigualdad por el hecho de ser un parámetro casi fijo. Durante décadas el Estado ha decidido mantener los salarios mínimos en un nivel de subsistencia ignorando las ganancias en el capital, hecho que ha acentuado la concentración de la riqueza y la desigualdad. Concretamente, en casi todos los países miembros de la OCDE el salario mínimo ha crecido menos que otros salarios de la economía.
En el caso de México, por ejemplo, los excedentes brutos de operación –un equivalente a las utilidades corporativas después del pago de salarios e impuestos –han crecido como proporción del PIB, pasando de 46% en 1993 a 54% en 2011, mientras que las remuneraciones totales como proporción del PIB han caído desde de 29% en 1993 hasta 25% en 2011. Por su parte, la formación de capital permaneció alrededor del 20% como proporción del PIB durante el mismo periodo. Esto sugiere que la riqueza se está concentrando porque la inversión permanece constante y las remuneraciones están cayendo. De hecho, si la inversión se estanca no pueden esperarse aumentos significativos en la productividad. En suma, este círculo de concentración de la riqueza, desinversión, baja productividad y bajos salarios no es coherente con una economía de consumo, porque frena el crecimiento y limita las posibilidades de mejora de los trabajadores.
Es importante reflexionar sobre dos puntos. En primer lugar, la desigualdad del ingreso y la concentración de la riqueza son problemas que están presentes en todo el mundo incluyendo a países desarrollados como EE.UU. Por otra parte, no hay una garantía de que los salarios crezcan cuando una economía crece porque no existen mecanismos que realicen la equiparación. Aunque se ha estudiado extensivamente la política del salario mínimo y sus efectos adversos en la distribución del ingreso, los responsables de las políticas económicas han postergado una revisión más realista del mismo. Si se mantiene la misma política de salarios fijos, se puede esperar un patrón de mayor desigualdad en los ingresos. Por esta razón, se requiere integrar un instrumento de política que ajuste los salarios de acuerdo con las ganancias generadas por la economía.
El hecho de que el Estado no aumente los salarios mínimos a un nivel más equilibrado beneficia a pequeños grupos en los que se concentra la riqueza en detrimento de las mayorías. Incluso, los propios gobiernos son afectados por la carga fiscal que suponen las políticas asistencialistas y de subsidio para abatir la creciente pobreza. Si en vez de aplicar una política reactiva que subsidie a la población más necesitada, se aplicara una política distributiva por la vía de los salarios, quizá muchos gobiernos tendrían mejores perspectivas fiscales y no existiría el nivel de pobreza y desigualdad de la actualidad.
Si el crecimiento económico se da por la vía del consumo, es fundamental cambiar de un modelo de salarios de subsistencia y concentración de la riqueza, hacia un modelo de rentas distribuidas que apoyen el consumo presente y el ahorro. Está demostrado que los beneficios corporativos agregados crecen a un ritmo mayor que la economía en su conjunto, por ello, debemos aceptar que el modelo de crecimiento es desigual y a la larga se vuelve una carga para los gobiernos. Un nuevo modelo de desarrollo económico debe incluir a un Estado más activo en la eficaz distribución de los ingresos vía los salarios y una menor instrumentación de políticas de subsidios. Si esto sucediera, seguramente no habría tantos oligopolios ni billonarios, pero ya es tiempo de equilibrar la balanza.
