Comencemos con una obviedad: gane quien gane la Presidencia de la República en 2018, éste o ésta llegará al cargo con más oposición que apoyo.

Todas las encuestas lo señalan: los negativos de los candidatos y/o de los partidos que eventualmente los postularían auguran que el sexagésimo quinto Ejecutivo federal en la historia republicana del país tendrá las mismas dificultades para gobernar que sus cuatro antecesores inmediatos, si no es que más todavía.

Es probable que el ganador o ganadora llegue a Los Pinos con el menor porcentaje de votos obtenido en una contienda presidencial, arropado por una bancada oficialista en franca minoría.

También es legítimo pensar que no serán muchas las ganas de construir consensos legislativos de inicio de sexenio —como los que dieron lugar al Pacto por México— por lo cerrado que terminará la contienda, así como por el desprestigio al que ha sido sometido aquel esfuerzo aliancista por parte de los actuales opositores. Más aún, la gran cantidad de nuevos gobernadores que poblarán el escenario político a partir de diciembre de 2018 generará aspirantes instantáneos a la Presidencia en 2024, aupados por la malsana tendencia que tenemos de sobrevalorar el futuro respecto del presente.

Ya no se diga si el triunfo en la elección del domingo 1 de julio corresponde a un(a) independiente, que ni bancada oficialista tendrá en el Congreso de la Unión. En cualquier escenario previsible, la gobernabilidad en el próximo sexenio será tan mala o más que en el actual, pues seguimos conservando un régimen que fue pensado en un partido hegemónico.

Esto ha cobrado evidencia con el planteamiento del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de poner fin al presidencialismo, esa etapa en la que “el poderoso” hacía todo lo que deseaba.

Por supuesto, Mancera no estaba proponiendo una reforma constitucional para cambiar de régimen sino haciendo un apremio al Frente Ciudadano por México para fortalecer la gobernabilidad mediante una amplia coalición que pudiese mandar por consenso.

En ese esquema voluntarista, el Frente tendría que ganar la Presidencia y la mayoría de los escaños en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual se ve francamente difícil ante lo dividido que aparece el escenario político a siete meses de las elecciones.

Lo que han hecho las palabras de Mancera es devolvernos a la realidad: la irrelevancia para la mayoría de los mexicanos de quién gane la Presidencia considerando la naturaleza del sistema político mexicano y los usos y costumbres de la clase política, casi siempre incapaz de poner el bienestar colectivo por encima de las ventajas personales y de grupo.

Al menos yo no me inscribo entre aquellos que creen que esta elección será un parteaguas. Llegue quien llegue a Los Pinos verá que las posibilidades de imponer su proyecto —bueno o malo, eso lo juzga cada quien— serán limitadas por la realidad.

En todo caso, tendrá mayor capacidad de hacer mal que bien, porque la economía mexicana ha seguido su curso más allá de la voluntad del Presidente en turno.

En términos generales, ha funcionado mejor en las zonas donde el gobierno ha tenido menor intervención y peor donde el gobierno ha intervenido en exceso, mediante los llamados “programas sociales”, que no han hecho otra cosa sino enraizar la pobreza y volverla cíclica. Si no me cree, pregúntese usted por qué el norte, el Bajío y el occidente del país caminan cada vez mejor que la zona sur-sureste.

Así que lo que podemos esperar, en tanto los llamados a cambiar de régimen no se materialicen en una reforma constitucional, es que el próximo Presidente no invente remedios a los problemas existentes y deje que la economía globalizada opere como lo ha hecho los últimos 25 años en las zonas del país que más han crecido.

Si lo que intenta el próximo Presidente es profundizar los “programas sociales” y aplicarlos a nivel nacional, seguramente hará más mal que bien.

Y olvídese de que el mandatario pueda acabar él solo con la corrupción prevaleciente. No hay entre los actuales aspirantes alguien tan puro como para tener derecho a intentarlo ni tan poderoso como para llevarlo a cabo.

En suma, espero que el próximo mandatario estorbe poco, lo menos que pueda, porque eso será lo mejor en tanto no construyamos, mediante una reforma de fondo, un régimen más democrático, que genere una mejor gobernabilidad y en el que la participación del ciudadano no se limite a ir a las urnas cada tres años.

Querer cambiar a México para bien desde un régimen atrofiado —concebido para circunstancias que ya no existen— es un simple despropósito.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.