La mayoría de la oposición venezolana optó por el boicot contra las recientes elecciones presidenciales, Nicolás Maduro se reeligió en esas elecciones y los Estados Unidos desconocieron el resultado amenazando con nuevas sanciones. Algunas investigaciones recientes sugieren que tanto la mayoría de la oposición como el gobierno de los Estados Unidos habrían adoptado decisiones contraproducentes y que la reelección de Maduro en condiciones de hiperinflación parecía altamente improbable.
Comencemos por el boicot electoral. En un texto titulado “Amenaza pero Participa: por qué el boicot electoral es una mala idea”, el investigador Matthew Frankel revisa 171
casos entre 1990 y 2009 en los que la oposición amenaza con un boicot electoral o lo lleva a cabo. Su conclusión es que la amenaza de boicot suele obtener concesiones por parte del oficialismo, en particular en el caso de elecciones que (como las venezolanas) concitan un elevado interés internacional. El boicot electoral sin embargo rara vez consigue sus objetivos y suele tener efectos contraproducentes: el gobierno que es objeto del boicot perdura en el tiempo mientras que las fuerzas políticas que lo convocaron terminan siendo apartadas de la mayoría de cargos públicos. De hecho, uno de los casos que estudia Frankel es precisamente el de Venezuela en 2005 (año en el que la oposición llevó a cabo un boicot contra las elecciones legislativas, permitiendo al chavismo copar la Asamblea Nacional).
Por su parte, una investigación en la que participó Francisco Rodríguez (asesor del candidato Henri Falcón), encontró que desde 1950 se llevaron a cabo en el mundo 13 elecciones competitivas bajo condiciones de hiperinflación, y que en la gran mayoría de casos el partido en el gobierno perdió. Cinco de esos casos tuvieron lugar en América Latina y en todos ellos el oficialismo fue derrotado (incluyendo las elecciones nicaragüenses de 1990, en que Daniel Ortega perdió la presidencia). Cuando el texto habla de elecciones competitivas no implica necesariamente que sean libres y justas bajo estándares internacionales, pero sí que el resultado no estaba determinado de antemano. Claro, en el caso venezolano cabe preguntarse si se daba esa condición. De cualquier modo el estudio sugiere que el gobierno de Maduro era particularmente vulnerable en esta elección.
En cuanto a la imposición de sanciones económicas contra el régimen venezolano por su desempeño político, la información que provee la base de datos TIES (acrónimo de “Threat and Imposition of Economic Sanctions”), sugiere algunas conclusiones generales: si bien las sanciones parciales para conseguir fines acotados tienen alguna probabilidad de éxito, las sanciones generalizadas con el fin de cambiar un régimen político suelen ser ineficaces (como prueba medio siglo de sanciones contra Cuba).
Dado que las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela son parciales pero tienen como fin un cambio de régimen, no parece particularmente probable que logren su objetivo. Lo que parece innegable es que la mayor parte del costo de las sanciones recae sobre la población civil de Venezuela.
Por ejemplo, según Francisco Rodríguez durante 2017 las exportaciones venezolanas crecieron de US$28.000 a US$32.000 millones pero las importaciones (compuestas en buena medida por alimentos y medicinas) cayeron en 31%, porque una mayor proporción de esos recursos se destinó a pagar el servicio de la deuda pública. Ese fue el caso porque las sanciones hicieron imposible su refinanciación y encarecieron la emisión de nueva deuda.
