¡Nadie! Como lo lee. Retomo el caso Walmart a propósito de la Comisión Nacional Anticorrupción que presentará la semana próxima el presidente electo Enrique Peña Nieto y que se encuentra en borrador final.

El caso Walmart puede ser representativo de lo que no se debe hacer en México si se pretende que este sistema funcione con soplones, ya que todo el caso de corrupción que acusa a la filial en México, que encabeza Scot Rank, de haber entregado sobornos entre 2003 y 2004 a autoridades locales para expandir más rápido sus tiendas se presume que fue denunciado por un soplón y filtrado por “fuentes” del Departamento de Justicia al New York Times en abril pasado, como un caso-ejemplo de la violación de la Foreign Anticorruption Practices Law.

Empero, y salvo por la investigación propia que ha conducido Walmart a cargo del Comité de Auditoría en EE.UU. y que reporta al Departamento de Justicia, éste último no ha presentado formalmente ningún cargo o denuncia por la conducta de la filial de Walmart en México o contra Walmart Estados Unidos por supuesto encubrimiento.

Es más, el juez Leo Strine de la Corte de Equidad de Trato de Delaware de plano le rechazó su caso en julio a los dos fondos de pensiones (los maestros de California y los empleados públicos de Nueva York) que presentaron denuncias contra los funcionarios de Walmart por supuestos actos de corrupción que pudiera generarle una minusvalía, porque la única prueba que llevaban era la página del NYT.

Hasta la fecha en México, por ejemplo, la Función Pública no encontró nada, el gobierno del DF, de Marcelo Ebrard, terminó su investigación y no encontró nada anormal en los permisos concedidos, y Hacienda y CNBV no están investigando a Walmart.

Incluso la acción de Walmart en EE.UU. cerró este miércoles en 74,06 dólares, 23% en lo que va del año y en México se ubica en 35,42%, perdiendo 7,4% en lo que va del año, como resultado de ser una acción defensiva, más que por el hecho de que los inversionistas la castiguen.

En la medida en que Walmart aumenta ventas (creció a más de 4,1% a tiendas iguales en agosto el monto de sus ventas) y paga más dividendo, seguramente su precio se recupera.

Imagine el caso. La Comisión Nacional que se está integrando en papel deberá ser muy cuidadosa para no afectar la reputación de las empresas o personas, sin evidencias claras, más cuando el presidente electo propondrá que el Ministerio Público pierda su exclusividad para llevar casos, en forma directa, a juicio.

La investigación probatoria debiera ser concebida a prueba de fuego, y debe añadir valor y establecer condiciones de certeza para empresas e individuos, si no queremos que se vuelva en instrumento de competidores, políticos deshonestos o medios a quienes les encanta levantar cualquier tipo de litigio mediático.

En el caso de la Ley Anticorrupción en el Extranjero, los casos que se conocen son tres. El de CFE, donde el juez determinó que el Departamento de Justicia y el fiscal inventaron pruebas para armar el caso, el Biz Jet para el mantenimiento de los aviones del Estado Mayor y el de Tyson’s a la que se le acusa de poner en nómina a los inspectores de Sagarpa, quienes autorizaban la exportación de pollos.

Los tres casos fueron presentados en cortes norteamericanas, el de Walmart sólo ha sido presentado en páginas centrales de un domingo en el New York Times.

Válido para reflexionar, ¿no? De hecho, el interés que ha levantado la posible iniciativa es tal que hasta el equipo de Emilio Lozoya, que supuestamente participó en la elaboración de la propuesta, tendrá que reflexionar, porque esfuerzos similares en Honduras, Perú, Colombia y Zimbawe no han tenido el éxito esperado.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.