Un artículo se ha sumado a la saga contra las TIC que mantiene la prensa oficial. El pasado jueves, un reportaje contra el fraude telefónico dejó a muchos lectores de Juventud Rebelde con la sensación de que los móviles son una fuente infinita de problemas. A la andanada de acusaciones sobre planes desestabilizadores que llegan por SMS y colapsos de las redes provocados por titulares que viajan de un celular a otro, ahora se le suma “el lucro personal” de quienes hacen trucos para pagar menos por una llamada o por un mensaje de texto al extranjero.

Todo delito de estafa o desfalco es condenable, legal y moralmente. Sin embargo, el contexto en el que se cometen esas infracciones debe ser tomado en cuenta. Vivimos bajo un monopolio estatal –y absoluto– de las telecomunicaciones. La única empresa de telefonía del país, Etecsa, no tiene competidores en su ramo y por tanto coloca los precios muy por encima de las tarifas habituales en el resto del mundo. Un minuto de llamada al extranjero llega a costar alrededor de dos jornadas laborales de un salario promedio. Con una población emigrada tan numerosa, es fácil imaginar las necesidades de comunicación con el resto del mundo que tenemos en la isla.

A eso debe sumársele el limitado y escaso acceso a internet. Al no contar con las nuevas facilidades de servicios como Skype, muchos han preferido recurrir a prácticas fraudulentas antes que renunciar a llamar a otras partes del mundo.

Penalizar a los infractores que hicieron trucos como el llamado bypass de voz no resolverá el problema. No me imagino a una señora pasada de los 60, con un hijo emigrado, arriesgándose a ser multada por fraude telefónico cuando podría pagar apenas unos centavos llamándolo vía internet. Empujar a una población al delito, para después condenarla por llevarlo a cabo, me parece –cuando menos– puro cinismo.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.