La explicación de la crisis política nicaragüense varía según la narrativa que prefiera elegir. O bien es producto de la injerencia de los Estados Unidos y sus aliados regionales, o bien es consecuencia del autoritarismo del gobierno. En cada una de esas narrativas hay un trasfondo maniqueo: el mundo se divide entre víctimas inocentes (los ciudadanos de a pie) y villanos malévolos (el imperialismo estadounidense o el régimen autoritario). El problema de interpretar la historia como una fábula moral es que nos exige escoger sólo un villano, como si en los conflictos políticos no pudiera existir más de un actor que apela a medios ilícitos.
Para comprobar la injerencia ilegal de los Estados Unidos en Nicaragua basta con leer la sentencia que en su momento emitiera la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Según esta, los Estados Unidos violaron el derecho internacional “al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la Contra”. Añade que fueron igualmente ilegales los “ataques en territorio nicaragüense”, como el “colocar minas en aguas territoriales de la República de Nicaragua”. Por último, por una votación de 14 a 1, decidió que, al difundir entre la Contra nicaragüense el manual titulado “Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas”, “promovió la comisión por parte de ella de actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario”. Y, a quien crea que esas prácticas nos remiten a un pasado remoto, cabría recordarle la reciente noticia según la cual el gobierno estadounidense negoció con militares venezolanos su posible respaldo a un golpe de Estado.
En cuanto al gobierno nicaragüense, comencemos por despejar un equívoco. Desde la “Piñata” en los estertores de su primer gobierno (mediante la cual dirigentes sandinistas repartieron entre sí las propiedades incautadas a los somocistas), hasta la crisis actual (que detonó por el intento de implementar recomendaciones del FMI que hacían recaer el costo de un ajuste fiscal en trabajadores y pensionistas), pasando por la prohibición del aborto terapéutico (cosa que no hizo ni siquiera la dictadura de los Somoza), poco de lo hecho por Daniel Ortega podría calificar como “progresista”. No es que eso debiera importar un ápice al juzgar su conducta en materia de derechos humanos, pero lo menciono porque es parte de la narrativa según la cual el imperialismo lo tendría en la mira por conducir un proceso revolucionario.
En cuanto al autoritarismo creciente y la represión ilegal del gobierno de Ortega, el lector puede remitirse a los casos que documentan, por ejemplo, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o diversas instancias de la ONU. Es decir, la misma Amnistía Internacional a la que los gobiernos de Álvaro Uribe y Alberto Fujimori consideraban una entidad hostil, la CIDH a la que repudia el gobierno de Peña Nieto por criticar su versión sobre la masacre de Ayotzinapa y la ONU cuya cooperación contra la corrupción fue desmantelada por los gobiernos conservadores de Guatemala y Honduras.
Pero tal vez nada simbolice con mayor claridad los abusos del gobierno que aquello que, tras negar inicialmente su existencia, el propio Ortega denominó "policías voluntarios". Las imágenes son de dominio público: se trata de grupos de personas sin uniformes ni distintivos, con el rostro cubierto, que reprimen las manifestaciones de oposición portando armas de guerra. Y, en lugar de desarmarlos, el gobierno admite que las fuerzas del orden operan en coordinación con ellos.
