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Gobierno, ¿para qué?
Lun, 14/08/2023 - 08:00

Luis Rubio

Lunes 5 de julio: cuando México ya sea otro
Luis Rubio

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

“La estabilidad de una democracia depende en mucho de que la gente distinga con cuidado entre lo que el gobierno puede hacer y lo que no puede hacer,” decía el académico, diplomático y político Daniel Patrick Moynihan. Buscar lo que no puede lograr implica “crear condiciones para la frustración y la ruina”. Todas las sociedades procuran encontrar el equilibrio entre lo que es posible y lo que es deseable, lo que conduce al progreso y lo que entraña riesgos excesivos. Los equilibrios son cruciales, pero solo hay congruencia cuando los objetivos empatan con la provisión de servicios elementales.

En México tenemos una gran confusión respecto a lo que le corresponde al gobierno y lo que concierne a la sociedad. Tendemos a mezclar la filosofía social con la práctica de gobierno, lo que ha producido enormes bandazos a lo largo del tiempo, pero a la vez ha impedido la consolidación de un sistema de gobierno funcional al servicio del desarrollo y del progreso de la población.

Una cosa es la administración de la cosa pública, otra muy distinta son los criterios de asignación de los recursos. Lo elemental para cualquier sociedad, en cualquier país y circunstancia, es que existan condiciones para que la vida funcione, lo que implica, por ejemplo, infraestructura de agua potable, drenaje, calles, seguridad, educación, salud y todo lo que hace posible que estas cosas marchen de manera normal.

Por otro lado se encuentra la filosofía de quien gobierna y que, como punto de partida, entraña la asignación de recursos. ¿Se va a privilegiar el desarrollo de una sociedad individualista o una más corporativista? ¿se invertirá en calles para la circulación de vehículos o el transporte público? ¿se privilegiará la educación centralizada o se promoverá una multiplicidad de proveedores del servicio? ¿Se enfatizará el mercado como mecanismo de decisión en materia de inversión y producción o la política industrial? y ¿Cuál será el balance entre estos dos modelos?

No hay una sola filosofía de gobierno y los votantes, al elegir a un gobernante, favorecen maneras distintas de encarar los retos del desarrollo con distintas visiones y modelos como objetivos de largo alcance. En contraste, en lo más elemental, hay una sola forma de crear condiciones para que la vida cotidiana sea posible. Eso no quiere decir que la provisión de algún servicio (como el agua) deba ser pública o privada, sino que debe existir suficiente agua a un costo competitivo para que toda la población esté satisfecha. Lo mismo con todos los demás factores indispensables para la vida cotidiana.

En un plano más elevado, uno de los elementos clave de la función gubernamental en el proceso de crear condiciones para el progreso y la prosperidad es la creación de lo que los economistas llaman “bienes púbicos,” es decir, servicios que sirvan a toda la sociedad y que son necesarios para su desarrollo, como seguridad, educación, conocimiento, infraestructura, legalidad y salud. Ningún país puede prosperar en ausencia de estos factores.

En este contexto, uno no puede más que preguntarse cuál es la lógica de suspender la provisión de información estadística sobre justicia o educación, dos obvios bienes públicos, por parte de la entidad gubernamental dedicada a ese propósito, el INEGI. La única explicación posible es que el gobierno considera que menor información permite un mayor control de la población. Si uno extiende esta lógica a los recortes presupuestales que ha experimentado el sector salud, el desarrollo científico y la infraestructura en general, uno no puede más que concluir que el cambio que encabeza la 4T no implica el desarrollo del país, sino la sumisión de la población. Si a eso se agregan los ataques sistemáticos al poder judicial, especialmente a la Suprema Corte de Justicia, al INAI y a instituciones como la UNAM, el proyecto acaba siendo transparente.

El espíritu que anima a la iniciativa de reforma administrativa que ha promovido el ejecutivo federal es revelador. Se trata de recrear, de un solo golpe, la discrecionalidad de que gozaba el gobierno mexicano en los setenta: la era de la arbitrariedad en que un funcionario podía decidir la vida o muerte de una inversión, la viabilidad de un proyecto educativo o la posibilidad de consolidar una investigación científica susceptible de transformar vastas regiones del país. La racionalidad de la iniciativa es evidente, pero sus consecuencias y costos inenarrables, no por la filosofía que los anima, sino porque falla en separar esos dos componentes cruciales de la función gubernamental: el filosófico y el administrativo.

Los gobiernos más exitosos del mundo, la mayoría de ellos en Asia, separan esos dos elementos, contratando funcionarios profesionales para la parte administrativa de tal suerte que haya continuidad en la provisión de servicios, en tanto que las decisiones políticas orientan el sentido de los proyectos de inversión de largo plazo. Al mezclar, o confundir, ambas funciones, México sacrifica su desarrollo en el altar de las obsesiones personales y de corto plazo.

Uno puede aprobar o rechazar a tal o cual político, pero nadie debiera estar en contra de la existencia de mejores servicios públicos que hagan posible la prosperidad. A menos que el objetivo sea otro.

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