El Congreso de Honduras autorizó al Gobierno a contraer deuda interna y externa por hasta US$ 2.000 millones entre 2022 y 2023 para aliviar desequilibrios en las finanzas públicas, dijeron funcionarios y legisladores.

El aval se da como parte de un decreto de emergencia fiscal y financiera impulsado por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien al asumir el poder el 27 de enero afirmó que recibía un país "en bancarrota" tras ocho años de gobierno del conservador Juan Orlando Hernández, actualmente bajo un proceso de extradición a Estados Unidos.

El decreto era una condición del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Honduras acceda a US$ 335 millones de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG), detalló este miércoles la viceministra de Finanzas, Elizabeth Rivera.

El Gobierno piensa utilizarlos en parte para el pago en marzo de un vencimiento de US$ 166 millones de un bono soberano.

Al cierre del 2021, Honduras enfrentaba una deuda pública total de US$ 15.679,2 millones, que representa el 59,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El país destina al pago de amortizaciones de deuda más de un 30% de su presupuesto anual, según cifras del ministerio de Finanzas.