La empresa dirigida por Alejandro Wenance mantiene deudas con más de 600 clientes en Uruguay.

La Justicia argentina habilitó que Wenance se presente a concurso de acreedores para hacer frente a las deudas que mantiene con inversores y ahorristas. En Uruguay, la fintech realizó planteos a sus clientes para saldar sus compromisos. La Cámara Civil y Comercial de San Isidro habilitó la apertura del concurso preventivo de acreedores de la fintech Wenance, que en julio pasado dejó de pagar intereses y capital a sus inversores y ahorristas, según informó el medio argentino El Cronista.

Aunque los cálculos difieren, se estima que unos 8.000 ahorristas por unos A$ 30.000 millones (US$ 85,7 millones) colocaron fondos en la compañía, que abonaba tasas de interés superiores al mercado, que fondeaba así préstamos a población bancarizada. Tras intentar un acuerdo con diversas alternativas de pago a la deuda a sus acreedores institucionales e individuales, el CEO Alejandro Muszak se presentó en concurso preventivo, instancia cuyo inicio le fue rechazado en primera instancia en los juzgados de San Isidro. Ahora, la Cámara revocó esa sentencia y ordenó a la magistrada de primera instancia, sin más trámite y por encontrarse cumplidos los requisitos previstos, la resolución de apertura del concurso preventivo de Wenance.

DEUDAS EN URUGUAY

Wenance trabaja en Uruguay con el mismo nombre que en Argentina y ofrecía préstamos a través de la plataforma Welp. Las operaciones en Uruguay comenzaron en 2020. Atravesó los mismos problemas que en Argentina y no pudo hacer frente a sus obligaciones con los ahorristas.

La compañía comenzó a mostrar voluntad de pago a través de comunicados que enviaba a sus clientes. Sobre fines del mes pasado, unos 600 denunciantes de Wenance pidieron a la Fiscalía de Delitos Económicos que imputara a Muszak, por los delitos de estafa y apropiación indebida.

Los denunciantes representados por los abogados Andrés Ojeda, Fernando Posada, Bernardino Real, Luciano Real, Juan Antonio Rodríguez y Diego Lattanzio indicaron que "el arduo e incesante trabajo de esta Fiscalía ha redundado en un elenco de evidencias que son suficientes para avanzar contra los responsables de tales conductas”.

Añadieron que esas acciones dañaron patrimonialmente a más de 600 personas, generando un perjuicio estimado en US$ 20 millones. Por tanto, solicitaron que los responsables no podían quedar impunes. La Fiscalía de Delitos Económicos citó a Muszak a declarar el 22 de noviembre. Paralelamente a la vía judicial, la empresa intentó el mes pasado alcanzar un acuerdo con los damnificados.

El mes pasado presentó un acuerdo privado de reorganización dirigido a clientes. Por un lado estuvieron los acreedores quirografiarios (los que no tienen una garantía real de pago y únicamente son poseedores de un título de crédito sobre un deudor) y por otro los acreedores laborales. En el documento aclaró que la compañía también solicitó concurso voluntario de acreedores en Uruguay que hasta el momento no fue aceptado.

A los acreedores quirografiarios les planteó una quita del 50% sobre el capital adeudado y una espera de un año desde la fecha de homologación del acuerdo. El saldo sería abonado en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Añadió que a los acreedores laborales se les pagaría la totalidad de lo adeudado con una espera de seis meses a partir de la fecha de homologación. Luego de ese plazo, los pagos serían realizados en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Según supo El Observador, al menos un grupo de damnificados no aceptó la propuesta y continúa recorriendo la vía judicial.