Pese a que desde 2021 países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay licitaron exitosamente a sus operadores, en el país andino tardaría cuatro años más en llegar debido a la necesidad de un reordenamiento de banda y falta de simplificación administrativa.
La carrera por la tecnología de quinta generación (5G) en la región va a diferentes velocidades. Actualmente hay tres países que van a la cabeza con el tema de la licitación: Chile desde febrero de 2021; en noviembre del mismo año, Brasil y Uruguay, que concluyó en mayo pasado su subasta.
Pese a que la 5G es una tecnología disruptiva, que implica conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia superiores, en Perú la cobertura a nivel nacional es menor del 1%, según el Panel de Monitoreo del Internet Móvil, lo que lo coloca en desventaja frente a otros países de la región.
“Así como el número de dispositivos conectados, va a aumentar el número de estaciones base por 10 o 20 veces que van a ser micro celdas diseminadas por toda la ciudad y en cualquier espacio que forma parte del mobiliario urbano”, explicó Carlos Huamán, economista y director ejecutivo de DN Conductores. “Eso significa una cantidad de inversión que también va a crecer de manera significativa con lo cual el rol del Estado no solamente es acelerar la llegada del 5G, sino de tener un enfoque económico eficiente para que los operadores puedan desplegarse de manera costo-efectiva”.
Por lo pronto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú dispuso el reordenamiento de la banda 3.5 GHz que anteriormente fue utilizada por una tecnología que en ese momento se suponía que iba a crecer y que luego no llegó a madurar: WiMax. Esto significó, según Huamán, la disponibilidad de 200 MHz divididos en bloques de 2.5 GHz y 2 bloques de 25 MHz cuando algunos operadores tienen 50, 2 bloques de 25, y otros tienen 100 MHz, que es lo que requiere la 5G como mínimo contiguos.
Aunque la inversión anual en telecomunicaciones en Perú ha sido de US$ 819,6 millones entre 2013 y 2022, lo que indica la solidez del mercado según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), los trámites son la principal complicación para desplegar antenas de telecomunicaciones debido a la influencia de las autoridades en la obtención de permisos.
Además, aunque existe una ley que propone una ventanilla única para obtener autorizaciones de las autoridades locales, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura (Ley para el fomento de un Perú conectado), la inversión ayuda a superar los largos tiempos de espera.
“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado el encargo de la licitación entregado a la a Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y que en consecuencia ocurriría recién dentro de 15 meses, es decir, en el primer trimestre del año 2025”, explica la situación en la nación andina, Carlos Huamán. Esto en base a la experiencia previa de la adjudicación de la banda AWS-3 y 2.3 GHz (para la 4G), puesto que pasaron cuatro años y medio para que finalmente hace tres meses anunciaran que fue ganada por el operador Bitel, por lo que los organismos públicos deberían ser realistas con los tiempos. “No pueden esperar cuatro años para tener 5G”, sentencia.
Otro desafío es la colaboración público-privada, es decir, que el público facilita la inversión porque existe un interés de los ciudadanos por acceder a los servicios, pero asignar recursos presupuestales para todo el despliegue y operación del lado del privado implica dotar de recursos financieros en un contexto inflacionario.
“Lo que está ocurriendo con los operadores es que los ingresos de los servicios por venta de servicios de telecomunicaciones en la última década están estacionados entre US$ 3.729 y US$ 3.995 millones desde hace 10 años, incluida la inflación del 9% hace dos años”, dice Huamán.
Y es que si bien el país ha diseñado el reglamento del Canon por cobertura, el cual permite trasladar una parte del pago que hacen los operadores móviles por el uso del espectro radioeléctrico hacia inversiones en telecomunicaciones en zonas rurales sin cobertura, la licitación implica la dotación de recursos financieros para que todo sea sostenible financieramente en el tiempo.
UNA MARATÓN REGIONAL
A la fecha, hay tres países que van a la cabeza con el tema de la licitación. Chile lideró la región al otorgar la licitación inicial en febrero de 2021 a Entel, Movistar y WOM. Posteriormente, en noviembre del mismo año, Brasil finalizó la subasta con compromisos de inversión alcanzando los US$ 9.589 millones, destacando entre los principales adjudicatarios a Telefónica Brasil (Vivo), Claro y TIM Brasil. Por su parte, Uruguay concluyó en mayo pasado su subasta, adjudicando un bloque de espectro de 100 MHz por un total de US$ 561 millones a América Móvil y Movistar. Ya en junio, la empresa estatal de telecomunicaciones uruguaya, Antel, implementó el servicio de 5G para los usuarios con dispositivos compatibles.
Más recientemente en Argentina la subasta de las bandas de frecuencias para la 5G se concretó el 24 de octubre y se la adjudicaron a Telecom, Claro y Movistar. El Estado argentino recibió cerca de US$ 900 millones por proveer el espectro. Asimismo, en Costa Rica, Huawei sostuvo que continuará siendo parte del concurso de ICE, amparándose en la normativa de libre competencia que le permite participar en la licitación convocada pese a que en el país se aprobó un decreto que prohíbe la participación de proveedores de tecnología chinos.
Por su lado, en Colombia la subasta para la llegada del 5G se llevará a cabo el 20 de diciembre, esto con el fin de ampliar la cobertura del 4G y mejorar la conectividad en dispositivos móviles en el país. Entre los operadores que se inscribieron están Claro, Movistar, Tigo y Wom.
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En cuanto a Ecuador, los avances se encuentran detenidos debido a obstáculos surgidos en las mesas de negociación entre el Gobierno ecuatoriano y los operadores móviles, quienes buscan renovar los contratos de espectro. En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha comunicado su expectativa de convocar una licitación pública para el próximo año. Por su parte, Bolivia ha dado a conocer la licitación destinada a la implementación del Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico (Siner), con el objetivo de identificar frecuencias en preparación para una eventual subasta.
Sin embargo, las perspectivas para el sector de telecomunicaciones de América Latina se están deteriorando, según el último informe Latin American Telecom Outlook de Fitch Ratings. Esto de acuerdo a un reporte de la asociación global de la industria móvil GSMA, realizado entre 2010 y 2022, donde se expone que el avance hacia esta tecnología va a la par con los altos precios de espectro y junto a los procesos de licitación por país, generando incertidumbre e imponen restricciones de capital y financieras. Y es que en razón de que se implemente en los distintos mercados, la asociación cuestiona que los Gobiernos den prioridad a otros objetivos por encima de una gestión eficiente del espectro, pues este equivale a la suma de los precios de la asignación más las tasas anuales, mismas que se dispararon en un 40% en los últimos doce años.
En suma, en la región se necesita incluir el facilitamiento de la dotación de recursos financieros, valorización del espectro radioeléctrico según estándares internacionales, y simplificación administrativa.
Según datos del GSMA, Latinoamérica completó el año pasado 450 millones de conexiones 4G y alcanzó el 65% del total de conexiones, mientras que la 5G se encuentra en su etapa emergente con una tasa de adopción actual de solo el 2%.
