Caracas.- El gobierno de Venezuela dijo este lunes que dos gerentes petroleros fueron detenidos la semana pasada por entregar información "estratégica" al gobierno de Estados Unidos con la intención de "agredir" a la estatal petrolera PDVSA.

Los detenidos el 28 de febrero son Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes ocupaban los cargos de gerente de operaciones especiales y gerente general de operaciones de crudo de PDVSA, respectivamente, dijo en un comunicado la Comisión Presidencial encargada de reestructurar a la petrolera venezolana.

Chirinos y Torrealba son señalados de suministrar "datos sobre las operaciones de la industria en sus distintas áreas, sobre la actividad de venta y comercio de petróleo venezolano y la capacidad logística", agregó la Comisión en su nota divulgada por la televisión estatal.

Desde que Manuel Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, tomó las riendas de PDVSA en 2017, las detenciones e investigaciones contra empleados bajo acusaciones de corrupción o irregularidades administrativas se han vuelto habituales.

Bajo la presión por las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA y su principal socio comercial, Rosneft Trading, el presidente Nicolás Maduro ordenó al vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, sancionado y buscado por la justicia estadounidense, liderar un comité para reorganizar la empresa.

La comisión inició sus funciones con la orden de aprehensión de los funcionarios.

En el comunicado, la Comisión pidió a la Fiscalía iniciar la investigación penal a los dos ejecutivos a quienes señala de "traición a la patria".

Familiares de los dos gerentes dijeron en las redes sociales durante el fin de semana que ambos eran inocentes. Está prevista una marcha el lunes para exigir su liberación.

Desde que Manuel Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, tomó las riendas de PDVSA en 2017, las detenciones e investigaciones contra empleados bajo acusaciones de corrupción o irregularidades administrativas se han vuelto habituales. Pero hasta la fecha, las autoridades no han mostrado evidencia firme de malas prácticas.