Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética -capítulo peruano de Transparencia Internacional-, descartó que en Perú exista alguna clase de persecusión política contra el ex mandatario y acusó que la solicitud de asilo de García a Uruguay es un intento de obstrucción a la justicia.
Tras el pedido de asilo político solicitado por el ex presidente Alan García a la embajada de Uruguay en Lima, el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, advirtió que si el gobierno de Tabaré Vásquez le concede la protección diplomática al ex mandatario peruano, se daría un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en Sudamérica.
“Es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata sólo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes”, dijo el representante de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Cabe recordar que la justicia peruana dictó recientemente 18 meses de impedimento de salida del país sudamericano contra García, como parte de una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión,
La solicitd de Proética se suma a la ya realizada este jueves por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), un organismo no gubernamental con representantes de 120 países, la que dijo en un comunicado que no hay una situación de tipo humanitario que amerite un amparo internacional para García.
"La justicia peruana está mostrando resultados en la lucha contra la corrupción, pero esta no puede ser aislada y requiere ser encarada de manera frontal y categórica", dijo el vicepresidente de la FIDH, Juan Soto, en el comunicado.
Descartan persecusión política. El representante de Proética, no dudó en señalar que “es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata sólo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes”, dijo Rotta Castillo. Agregó que hay obligaciones internacionales que deben ser honradas y mencionó entre ellas, el Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, el cual fue adoptado por los gobiernos de del continente durante la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Perú en abril de este año.
“Esperamos que el gobierno uruguayo, así como está revisando los compromisos internacionales sobre asilo, también tome en cuenta los dispositivos normativos sobre lucha contra la corrupción en la valoración que está haciendo, de forma tal que no permita que uno de los más notorios investigados por el caso más grande de corrupción de América Latina de los últimos tiempos, obtenga una protección diplomática que pondría en riesgo la llegada de la justicia” señaló Rotta Castilla.
Concluyó invocando a las organizaciones y ciudadanía uruguayas a mantenerse atentas y a no permitir que su gobierno afecte negativamente la reputación de país comprometido con la lucha contra la corrupción que lo acompaña, de acuerdo con las distintas mediciones internacionales sobre este tema.
* Con información de Reuters.
