Bogotá. Migración Colombia expulsó este jueves al venezolano Carlos Manuel Pino García, que trabajaba en la embajada de su país en Bogotá, porque temían que alterara el orden público y consideraron que representa "una amenaza para la seguridad y la soberanía del país".

Sin embargo, según versiones difundidas por la prensa local, los servicios de inteligencia consideran que Pino espiaba para el Gobierno venezolano y realizaba actividades para desprestigiar al de Colombia.

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, informó del caso en una rueda de prensa en la que no dio información detallada sobre los motivos por los que Pino García fue expulsado.

"Este señor podría llegar a presentar una afectación para la seguridad y tranquilidad del país, pero por razones de confidencialidad y reserva, no nos podemos referir a actividades concretas", dijo el funcionario, que admitió que Migración Colombia fue el organismo encargado de concretar la expulsión, pero que esta se basó en informes de otros organismos de seguridad del Estado.

Según la sanción impuesta por la Regional Andina de Migración Colombia, Pino García no podrá regresar al país durante diez años y una vez se termine ese período deberá tener una visa para su ingreso.

Además, resaltó que a Pino se le respetaron todos sus derechos y que integrantes de Migración Colombia lo entregaron en la frontera a miembros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela.

"Se adelantó el debido proceso de manera rigurosa, clara y permanentemente con seguimiento de cámaras. Además, a Pino se le permitió la comunicación de manera permanente tanto con la embajada como con sus familiares", aseguró Krüger.

Pino García fue detenido este miércoles por un policía debido a que estaba mal estacionado. Cuando entregó los papeles a las autoridades que se lo requirieron, Migración Colombia fue alertada y miembros de esa entidad lo capturaron. La esposa de Pino García, Gloria Flórez Schneider, que fue secretaria de Gobierno de Bogotá entre 2014 y 2015, denunció que fue intimidada por las autoridades colombianas al pedir información sobre el traslado de su marido.

"Les pregunté cuál era el motivo de la diligencia pero me amenazaron con detenerme por obstruir el procedimiento, sin atender tampoco a mi señalamiento sobre su estado de salud" y añadió que "la privación de la libertad se dio sin presentar ninguna orden judicial", según recoge un comunicado.

Según la sanción impuesta por la Regional Andina de Migración Colombia, Pino García no podrá regresar al país durante diez años y una vez se termine ese período deberá tener una visa para su ingreso.

El ciudadano venezolano tenía visa de residente y cédula de extranjería en Colombia, pero no estaba acreditado como diplomático ante el Gobierno Nacional.

Según cifras de Migración Colombia, en lo que va de este año se han tratado 1.500 casos de este tipo que han resultado en la expulsión de más de 1.100 venezolanos del país.